Ya en su día fue motivo de escándalo que la mesa de contratación del concurso para el suministro de agua potable y saneamiento del Ajuntament de Sant Antoni otorgase la concesión a una empresa como la castellonense Facsa, cuyo presidente, Enrique Gimeno, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a un año y nueve meses de prisión por financiar con dinero negro al PP valenciano de Francisco Camps, en el marco de una pieza separada del caso Gürtel.
Aún más escandaloso resultó que meses antes de otorgar la contrata, ya se supiera -y así lo publicó Periódico de Ibiza y Formentera- que la ganadora del concurso iba a ser Facsa. Y que todo ello sucediese merced a la intervención decisiva de la consultora PW Advisory & Capital Services (PWACS), cuyo presidente es Juan Pablo López Heras, investigado en el caso del Canal Isabel II por supuesta corrupción en la venta de la empresa Inassa.
PWACS fue la encargada de realizar la valoración de las ofertas que se presentaron al concurso y que determinó que la ganadora fuese Facsa, pese a que ya entonces Aqualia denunció que Facsa y otras empresas concursantes incumplían el pliego del concurso.
Acciona impugna
Ahora es Acciona la empresa que ha impugnado aduciendo que Facsa incumplió los pliegos al presentar su oferta económica y que por tal motivo debe ser excluida. Pese a que el recurso de Acciona cuestiona de forma grave el trabajo de PWACS, esta se desentiende de las alegaciones y se niega a elaborar un informe al respecto. Parece que PWACS no esta dispuesta a retractarse, porque echaría por tierra la adjudicación a Facsa de un suculento contrato de agua valorado en 100 millones de euros y de 25 años de duración.
Pero lo lógico es que se exija a la consultora de López Heras que se pronuncie sobre las alegaciones que formula Acciona relativas a supuestos errores y manipulación en su valoración de las ofertas presentadas por las empresas concursantes, como solicita Acciona.
Informar sin firmar
Lo que no es admisible, si es que no es ilegal, es que alguien bajo sospecha como López Heras pretenda redactar los informes que habrán de firmar el secretario, el interventor y un técnico del Ayuntamiento de Sant Antoni, sin estampar su firma en el documento y endosando la responsabilidad a funcionarios que no intervinieron en la valoración de las ofertas, algo que fue de la exclusiva responsabilidad de PWACS.
Como en su día alertó el alcalde Josep Tur ‘Cires’ cuando en noviembre del año pasado el pleno votó la adjudicación del concurso a Facsa, el asunto puede terminar en los tribunales. Conviene llevar mucho cuidado en un asunto que huele mal desde el primer día.
