01/10/18 4:01
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Hoy se cumple un año de una de las jornadas más aciagas de la democracia española, la constatación de la incapacidad de la clase política española y catalana de resolver el grave conflicto institucional generado a raíz del proceso independentista en Catalunya. Un choque colosal que alejó todavía más las posibilidades de una solución que divide en dos mitades la sociedad catalana, cuya convivencia es cada día más difícil por la intransigencia de unos y otros. Con las resoluciones judiciales en la mano, el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy realizó un enorme despliegue de Policía y Guardia Civil para desactivar un referéndum ilegal mediante un uso desproporcionado de la fuerza; aquellas imágenes marcaron la jornada y sus consecuencias.

Dureza injustificada.
El 1-O ha quedado marcado por la enorme dureza de las intervenciones de los agentes enviados por el Estado, una contundencia injustificada ante una consulta secesionista sobre la que no había dudas de su absoluta invalidez. Las fotografías y vídeos que dieron la vuelta al mundo ha supuesto un duro golpe para la imagen internacional de España y son utilizadas como principal argumento por el movimiento independentista, el cual tiene en el pacifismo una de sus principales bazas. En aquella jornada el Gobierno quedó desbordado y sus responsables no supieron reaccionar; valga a título de ejemplo el tráfico clandestino de urnas y papeletas sin que fuesen detectadas hasta el mismo día del referéndum.

Recuperar el diálogo.
Tan complicado como imprescindible es recuperar la confianza y el diálogo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona. Los errores del pasado, incluyendo las deslealtades institucionales, debe quedar superadas cuanto antes si se quiere resolver el principal problema que tiene planteado el Estado español. La fuerza, por muy legítima que sea, no es la solución.