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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo ayer su particular balance de las pasadas elecciones del 21-D en Catalunya, cuyo resultado final, a pesar del incuestionable avance de Ciudadanos, mantiene la mayoría absoluta en el Parlament de las fuerzas secesionistas. A tenor de las manifestaciones de Rajoy, su voluntad de diálogo para desencallar el conflicto tiene en el marco constitucional unos límites infranqueables. Es su posición legalista ya conocida, pero que no aporta ninguna solución. Porque lo cierto es que el veredicto de las urnas ofrece un amplísimo apoyo a todos los partidos que defienden la convocatoria de un referéndum pactado, un clamor que desde Madrid no se puede seguir ignorando.

Provocar una dinámica diferente.
El independentismo catalán ha tomado buena nota del error que supone perseverar en la unilateralidad, pero la respuesta no puede ser el puro y simple inmovilismo político desde el Gobierno español. Si se resquebraja el rechazo internacional al independentismo o al «derecho a decidir» ya no habrá posibilidad de dar marcha atrás o buscar una solución pactada. Efectivamente, Rajoy está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, una premisa que no es incompatible con promover cambios que adecuen el marco constitucional a las exigencias del momento. A eso se le llama «política». En número de votos, los partidarios de mantenerse dentro de España en Catalunya superan, todavía, a los que prefieren la formación de un nuevo Estado.

Flexibilizar posturas.
Lo ocurrido el jueves en Catalunya afectará al conjunto de la política estatal. El PP catalán ha quedado con una representación testimonial en el Parlament –barrido por C's– y el jefe de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, pide propuestas diferentes a debatir. Tanto Rajoy como Puigdemont y Junqueras están obligados a habilitar vías alternativas que posibiliten el entendimiento. Su obligación es encontrarlas.