Agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía Nacional desplegaron un importante dispositivo en Inca, Binissalem y Ariany, localidades en las que residían los yihadistas, los cuales –según la información policial– se dedicaban a captar adeptos a la causa del Estado Islámico. Todos los implicados fueron trasladados a Madrid para su personación ante la Audiencia Nacional, donde prestarán declaración. La intervención de los GEO estuvo coordinada con la detención del supuesto líder del grupo, que residía en Gran Bretaña.
Lógica alarma. El impresionante despliegue policial causó la lógica alarma en las localidades donde tuvieron lugar las detenciones, circunstancia agravada por la ofensiva que en los últimos meses el Dáesh está realizando en diversas ciudades europeas. El eco mediático de lo ocurrido, en estas circunstancias, a nadie debe extrañar. La intervención de la delegada del Gobierno, Maria Salom, tratando de transmitir un mensaje de tranquilidad lleva implícita la cautela con la que es preciso abordar el combate contra el yihadismo más radical. No existe el riesgo cero –no es la primera operación de estas características en la Isla– frente a un movimiento terrorista como el que defiende el Dáesh. La única respuesta posible es la que se hizo efectiva en Mallorca: vigilancia, control y coordinación policial.
Prevención y serenida. El fin de la barbarie yihadista sólo será posible cuando sea una exigencia unánime del propio mundo musulmán. Los países occidentales también pueden acelerar este proceso desactivando algunas de sus razones, dinámica en la que hay que admitir serias carencias. Mientras, será la Audiencia Nacional la que determinará la gravedad y la implicación real en el yihadismo que tenían los cuatro detenidos en Mallorca y en dos ciudades europeas.
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