La Mesa del Parlament ha acordado incrementar en más de un 30 por ciento, de 90 a 120 euros, la dieta por pernoctación que reciben los diputados de Menorca, Ibiza y Formentera cuando asisten a los plenos y comisiones de la Cámara autonómica en Palma. El aumento, más que significativo, pretende paliar la escasez de oferta de plazas de hotel a precios asequibles en el centro de la capital balear; un problema que es fácilmente comprobable consultando internet. Sin embargo, los diputados también buscan alojamientos alternativos para rentabilizar las dietas, una dinámica que se escapa al control y objetivos de las indemnizaciones que se abonan y que al final del año suponen decenas de miles de euros.
Igualdad de trato. Los diputados de Menorca, Ibiza y Formentera deben ser compensados por sus asistencias al Parlament, finalidad de las dietas que la experiencia evidencia que han quedado en una cuantía desfasada. Compatibilizar la garantía de un alojamiento digno a los diputados desplazados con la eficacia en el gasto debe ser el objetivo del Parlament, tarea en la que es preciso aportar alternativas al modelo actual. Sacar a concurso la contratación de un paquete de habitaciones global puede ser una fórmula adecuada, pactando los precios y servicios durante todo el período de sesiones.
Víctimas del turismo. No deja de resultar paradójico que los diputados autonómicos también se vean afectados por el éxito de Palma como destino turístico, donde sus alojamientos del centro –muchos de ellos de altísimo nivel– aplican tarifas inalcanzables para las dietas que tienen asignadas. La cuestión, por tanto, es resolver el conflicto aunque es exigible que la subida prevista debe ser explicada y justificada ante los ciudadanos. En estas cuestiones es preciso huir de la demagogia, pero no parece admisible, por ejemplo, que la diputada de Formentera viva en Santa Eulària y aproveche una falsa doble insularidad para cobrar más que sus compañeros. Éticamente es muy reprobable.
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