Eivissa01/06/17 4:00
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El anuncio de la presidenta del Govern, Francina Armengol, de la convocatoria de oposiciones para cubrir 7.750 plazas de funcionarios, la inmensa mayoría en las áreas de enseñanza y sanidad, está generando una auténtica batalla entre los diferentes sindicatos del sector público. A media tarde del martes se retiró un comunicado conjunto en el que se criticaba la posición del STEI, que cuestionaba la validez del acuerdo sin que éste quede reflejado en los Presupuestos del Estado que están todavía en trámite. La situación generada es la de todos los sindicatos contra todos, una situación insólita si se tiene en cuenta que las pruebas que se convocarán, todavía sin fechas fijadas, deberían reducir la escandalosa tasa de interinidad que tiene en la actualidad el personal de la Administración autonómica balear.

Estabilidad laboral. Miles de trabajadores públicos al servicio de la Comunitat Autònoma están instalados en la precariedad laboral, sujetos a un régimen de interinidad forzada por el bloqueo de las oposiciones a la Administración impuesto desde el Gobierno como una de las medidas de austeridad. El resultado ha sido una inflación de trabajadores interinos, en especial en los sectores de la sanidad y la enseñanza. Los motivos no son otros que la exigencia de seguir prestando unos servicios básicos esenciales. Bloquear las oposiciones ha sido un modo de maquillar la política de recortes. Estas oposiciones son una oportunidad para regularizar la situación laboral de miles de trabajadores públicos.

Igualdad de oportunidades. A la espera de que se formalicen las convocatorias, el Govern tiene la compleja tarea de plantear fórmulas que saquen de la interinidad a miles de trabajadores. Ello no debe significar cegar las posibilidades de quienes también quieren acceder a estas plazas de empleo público. Los principios de igualdad, mérito y capacidad deben quedar garantizados frente a todos los aspirantes, un tema que parece subyacer en este enfrentamiento sindical.