EditorialEivissa23/01/16 0:00
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La que debía ser una de las medidas emblemáticas del Govern para la legislatura, el decreto ley que modificaba las leyes del suelo, agraria y turística que redactó el PP, ha tenido que ser enmendado de tapadillo en apenas diez días. Ayer se aprobó un nuevo decreto ley para modificar el inicial al detectarse la enorme chapuza jurídica generada, un claro ejemplo de descoordinación e improvisación en un tema de la máxima trascendencia. Lo ocurrido valida la crítica de la oposición, que acusa a los actuales responsables gubernamentales de fomentar la inseguridad jurídica en Balears; la vía más segura e infalible para espantar la inversión.

Cambios necesarios. Algunas de las modificaciones que se pretendían introducir en leyes tan básicas como las que afectan al sector agrario, el urbanismo o la reconversión hotelera no pueden quedar en entredicho por la falta de coherencia en sus disposiciones o provocando peligrosas lagunas legales en campos tan delicados como el urbanismo; todo fruto de un corta y pega impuesto por las distintas formaciones que integran el Pacte. Al final se lanzó un primer decreto ley –fórmula denostada por la izquierda cuando la utilizó el PP– que ha tenido que ser «clarificado», según el término utilizado por el portavoz del Govern, con un segundo texto aprobado ayer y del que se han obviado todo tipo de explicaciones.

Descrédito gubernamental. Lo ocurrido supone un severo revés a las expectativas generadas por el Govern, cuya solvencia y transparencia han quedado en entredicho a raíz de este episodio. El cambio del marco legal que regula actividades tan transcendentes en Balears como son el mundo agrario, el urbanismo o el sector turístico no puede quedar al albur de meras ocurrencias más o menos efectistas o de compromisos cuyo único fin es obtener titulares en los medios de comunicación. Al Govern se le debe exigir rigor, y en especial rigor jurídico, un precepto que ha incumplido de manera injustificada.