El Govern Armengol ha declarado la guerra a los contratos fraudulentos con su plan contra la precariedad, el masivo análisis de las documentaciones y las numerosas inspecciones realizadas. El hecho de que se hayan detectado más de 2.400 contratos irregulares demuestra la picaresca de no pocos contratadores, pero también enseña a las claras la debilidad del tejido productivo. Una economía sólida no tiene motivos para caer por regla general en los abusos. Es la terrible e inacable crisis y la necesidad que tienen los trabajadores de aceptar lo que se les ofrezca el factor determinante de esta situción.
Interés general. Es plausible esta iniciativa del Consolat para acabar con el fraude, para conseguir más contratos indefinidos y que los de tiempo parcial no se conviertan en la práctica en jornadas completas. Tal actitud institucional es sinónimo de sociedad desrrollada que vela por las mejores condiciones laborales, hecho que solidifica la cohesión social y aporta optimismo de futuro. Sin embargo, el factor fundamental es la inversión y el mantenimiento de la fe en el mercado por parte de los empresarios. El mayor mérito de un gobierno, sobre todo si es progresista, es generar las mejores condiciones posibles para avanzar todos juntos desde la estabilidad y la confianza. Una estructura productiva basada en el turismo es propicia al fraude. Medidas tendentes a vencer la estacionalidad ayudan mucho a superar tentaciones de contratos irregulares de temporada alta.
Apoyo a las empresas. Proteger a los más débiles es deber de todo Ejecutivo democrático. El Govern Armengol lo tiene muy claro al velar por las condiciones de trabajo de los empleados. Pero este objetivo también pasa por apoyar al tejido empresarial para aportarle tranquilidad y que desarrolle su tarea en las mejores condiciones posibles. Si el diálogo social funciona como es debido, el fraude va poco a poco arrinconándose a prácticas de desaprensivos mientras que el grueso de los empresarios las rechazan y repudian. Éste es el camino.
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