Nueva medida de Hacienda: si pagas con tarjeta y superas esta cantidad tendrás que declararlo

Nueva medida de Hacienda: si pagas con tarjeta y superas esta cantidad tendrás que declararlo. | Freepik

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El Gobierno de España sigue avanzando en su estrategia para mejorar la fiscalización de los pagos digitales y combatir el fraude fiscal. Una de las principales novedades que entrará en vigor en 2026 es la obligación de las entidades financieras de informar a Hacienda sobre todas las operaciones con tarjeta—ya sean de crédito, débito, prepago o virtual—que superen los 25.000 euros anuales.

Esta medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, busca garantizar una mayor transparencia en el sistema financiero y evitar la elusión fiscal en un contexto donde el uso del efectivo es cada vez menor. Según lo establecido en el proyecto de real decreto, los bancos y otras entidades emisoras, incluidas grandes superficies y empresas de servicios, deberán presentar una declaración anual con estos movimientos, tanto en compras físicas como en transacciones online.

Impacto en la Declaración de la Renta

A partir de la campaña de la renta de 2026, las operaciones con tarjeta que superen el umbral de 25.000 euros realizadas durante 2025 deberán ser reportadas por las entidades financieras, sin que los ciudadanos tengan que realizar ninguna gestión adicional en su declaración.

Esta nueva obligación afectará exclusivamente a los bancos y demás emisores de tarjetas, que deberán comunicar estos movimientos a la Agencia Tributaria.

Un paso más en la lucha contra el fraude fiscal

La normativa forma parte de un conjunto de reformas destinadas a reforzar el control sobre las operaciones económicas de alto valor y garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Además del control sobre los pagos digitales, Hacienda ha puesto el foco en otras áreas de fiscalización, como la supervisión de criptomonedas y la implantación de la factura electrónica obligatoria.

Tras superar la fase de consulta pública, el proyecto deberá pasar por el Consejo de Estado para recibir el informe preceptivo antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros y su posterior ratificación en el Parlamento. Si todo avanza según lo previsto, la nueva normativa entrará en vigor en 2026, afectando por primera vez a las declaraciones de la renta de ese año.