Los impuestos, como pilares fundamentales del sistema financiero gubernamental, imponen una obligación ineludible tanto para ciudadanos como para empresas, expresa el abogado especialista en derecho fiscal, Luis de Miguel Pérez. Su propósito es respaldar programas sociales, infraestructuras, educación y salud, entre otras áreas gubernamentales. La gestión efectiva de la recaudación fiscal y la legislación tributaria son elementos cruciales para mantener el equilibrio entre la necesidad de ingresos y la equidad en la distribución de la carga fiscal, contribuyendo así al bienestar general de la sociedad.
Sin embargo, según la perspectiva del experto en asesoría fiscal e internacional, Luis de Miguel Pérez, en cualquier sociedad los impuestos no son justos, sino simplemente legales. De Miguel Pérez, con una sólida formación en Derecho y Economía obtenida en la Universidad Complutense de Madrid, ha trazado una carrera distinguida desde sus inicios en 1976, ascendiendo rápidamente en Arthur Andersen y consolidándose como el primer Socio Fiscal en España tras la fusión con KMG.
En 1985, fundó su propio despacho, estableciendo relaciones empresariales sólidas, incluyendo una colaboración significativa con Alcampo que perduró más de dos décadas. Especializado en la gestión de información con la Hacienda Pública, Pérez se ha destacado por ofrecer asesoramiento experto en planificación, recursos e inspecciones fiscales. Su compromiso con la excelencia se refleja en su participación internacional y la publicación de dos libros, cada uno con dos ediciones, consolidándolo como una figura líder en Asesoría Fiscal en la actualidad.
Hoy en día, Luis de Miguel Pérez continúa liderando su despacho, respaldado por su vasta experiencia. Por ello, en esta entrevista, damos a conocer su visión y conocimientos en el complejo mundo de la asesoría fiscal.
En base a su trayectoria, Luis de Miguel Pérez, ¿cómo se determina la legalidad de los impuestos en una sociedad desarrollada?
La legalidad de los impuestos se establece mediante leyes votadas por la mayoría de los ciudadanos en elecciones periódicas para elegir a sus representantes.
Por otro lado, la legalidad de los impuestos no implica automáticamente su consideración como justa. Aunque estos gravámenes se ajusten a las leyes establecidas, su justicia fiscal no se limita a su mera existencia legal. La equidad y la aceptación social son aspectos fundamentales para determinar la justicia de un sistema tributario, y la conformidad con la legalidad es solo uno de los elementos a considerar en la evaluación de su equidad.
Desde tu punto de vista, ¿cuál es la definición propuesta para la justicia fiscal?
La justicia fiscal se define en función de las necesidades financieras del Estado para coadyuvar a las cargas públicas, pero se cuestiona si esta definición es suficiente.
De acuerdo a tu experiencia, Luis de Miguel Pérez, ¿cuáles son los requisitos para considerar que los impuestos son justos?
Para que los impuestos sean justos, es necesario que sean neutros, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados de manera igual ante la ley.
La falta de neutralidad se evidencia en las diferencias normativas entre ciudades o comunidades autónomas, así como en las exenciones y reducciones fiscales que introducen desigualdades en la carga fiscal.
¿Se plantea alguna crítica específica a las prácticas fiscales de las Entidades Financieras?
Sí, se critica la falta de retención del 15% de los intereses a las Entidades Financieras al colocar su dinero en otras Entidades, en comparación con la retención obligatoria a los ciudadanos, incluso a clases desfavorecidas.
Luis de Miguel Pérez, ¿cuál es el debate respecto a gravar más a quienes tienen más riqueza?
Se debate sobre si los impuestos deben gravar más a los ricos, considerando la teoría de que solo la riqueza crea riqueza a través del ahorro, lo que plantea la posibilidad de reducir los impuestos a quienes generan riqueza.
En última instancia, la conclusión respecto a la justicia de los impuestos en la sociedad, es que la legalidad, marcada por leyes votadas por la mayoría, no asegura automáticamente la equidad fiscal. Aunque los impuestos puedan cumplir con los requisitos legales, su evaluación en términos de justicia va más allá de la conformidad con la ley, requiriendo un análisis más profundo de su impacto social y equidad en la distribución de la carga tributaria. La noción de que la legalidad no garantiza la justicia fiscal, resalta la complejidad de este tema y la necesidad de considerar múltiples factores al evaluar la equidad de los sistemas impositivos.
