Cabe recordar, que el sector progresista ya nominó el pasado 3 de noviembre al también magistrado del TS José Manuel Bandrés. Esta reunión urgente se convocó la semana pasada a petición de nueve de los diez vocales conservadores del CGPJ, después de corregir el error formal que les señaló el presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, que en un primer momento se negó a convocar el Pleno extraordinario porque estos nueve vocales no proponían ningún candidato.
Las fuentes consultadas por Europa Press explican que, con ese movimiento, los vocales conservadores pretendían forzar a sus compañeros progresistas a retirar la candidatura de Bandrés para que apoyaran a Lucas, que estaba en el primer listado de nueve aspirantes dado a conocer por los vocales progresistas el pasado mes de octubre. Y ello porque la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos (UP), en dos enmiendas a la proposición de ley que deroga la sedición, cambiaría el 'modus operandi', pasando de una mayoría de tres quintos (11 de los 18 votos en juego) a una simple, lo que favorecería que fueran elegidos los dos aspirantes más votados por cada bloque, en el caso del sector progresista: Bandrés. Frente a las prisas de los vocales conservadores, sus pares progresistas --que hasta la reforma propuesta urgían a proceder con los dos nombramientos al TC-- abogaban ahora por esperar no solo al Pleno ordinario del 22 de diciembre en el CGPJ, sino incluso a que las Cortes Generales aprobaran el cambio de sistema para votar ya con las nuevas reglas.
Freno del Constitucional
Sin embargo, la decisión adoptada el lunes por la noche por el TC, tras más de nueve horas de intenso debate entre sus once magistrados, podría propiciar otro intercambio de roles entre las dos corrientes del CGPJ, según avisan las citadas fuentes. La mayoría conservadora del Constitucional, formada por seis magistrados, acordó frenar la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas, estimando así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra la mencionada reforma. Se trata de una decisión inédita del TC --en sus más de 40 años de historia nunca había suspendido de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales--, que ahora podría llevar al bloque conservador del CGPJ a ralentizar y al ala progresista a acelerar.
Renovación
El problema de fondo es que el TC aguarda desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces. Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías. No obstante, las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el pasado 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador a Bandrés, y la negativa de los vocales progresistas a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve), lo que llevó a los partidos del Gobierno a lanzar su propuesta de reforma.
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