Es la principal conclusión del análisis que un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha realizado sobre cómo se ha gestionado en España la aportación y contribución de la sanidad privada en la actual pandemia.
A su juicio, el mando único provocó que muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales y asociados para dar cabida a enfermos por el coronavirus que finalmente nunca llegaron por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se les permitió acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por ser un sector esencial.
El análisis del Instituto Coordenadas estudia también cómo ha sido esa colaboración en los principales países europeos y refleja el «nefasto modelo» implementado en España, que «va a poner en peligro a una parte importante del sector sanitario privado».
Francia, Alemania y Reino Unido han impuesto una fórmula de colaboración entre el sistema público sanitario y el privado en la que prima la oferta de servicios de salud a la población, acompañada de un modelo de compensación económica a las empresas para garantizar un servicio adecuado.
Por su parte, el modelo español ha provocado que ahora mismo esté en «serio riesgo» la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios, como empleo directo, y el doble de afectados indirectos.
Tras la caída del mando único y el fin del estado de alarma, señala el análisis del Instituto Coordinadas, el Gobierno ha delegado en cada una de las 17 comunidades autónomas la regulación de la colaboración con la sanidad privada.
Los centros sanitarios privados han asumido un coste por la cobertura de la pandemia y «no hay un modelo claro» que permita el cobro de los gastos soportados. El impacto en la evaluación del coste y su repercusión en los ingresos de los centros privados varía en función de cada comunidad autónoma.
Así, Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias son las que han sufrido un «mayor descenso». Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las zonas que se han visto «menos afectadas». Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia, según el estudio.
«Esta falta de homogeneidad hace prácticamente imposible la planificación y optimización a las grandes organizaciones de recursos para luchar contra la pandemia y para garantizar la rentabilidad de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional y emplea a 266.000 profesionales de alto valor», se lamentan los analistas del Instituto Coordenadas.
Mientras en España cada comunidad hace lo que considera sin que el Gobierno establezca unas tarifas razonables y homogéneas, en Francia, Alemania y Reino Unido se ha impuesto una fórmula de colaboración en la que prima la salud de la población y la compensación a las empresas para garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento de un sector estratégico y de alto valor añadido, enfatiza el análisis. «Llevando al desequilibrio económico y a la asfixia financiera sólo se perjudica al interés general: dejará de ser un apoyo del sector público y todos soportaremos un evitable incremento del desempleo», alerta.
Casos europeos
En Alemania, se han aprobado dos paquetes legislativos. Por un lado, la ‘Ley de ayuda hospitalaria Covid-19' para compensar las consecuencias económicas en los hospitales y los médicos contratados. Por otro lado, la ‘Ley para la protección de la población en una situación de epidemia de importancia nacional' para mejorar la capacidad de respuesta a las epidemias.
Ambas iniciativas han sido coordinadas por el Gobierno Federal y, entre otras cosas, permite que los hospitales reciban una compensación financiera por operaciones y tratamientos reprogramados para liberar capacidad para tratar pacientes con infección por coronavirus; una bonificación de 50.000 euros por cada cama de cuidados intensivos que creen, y un suplemento de 50 euros por paciente.
En Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Gracias a ella, se ha otorgado a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus. El Gobierno sentó las bases de la colaboración público-privada en el mismo momento en el que decidió atajar la pandemia y acordó que los recursos adicionales que requiera su sistema nacional de salud serán entregados y compensados de manera inmediata.
Francia ha apoyado económicamente a todos los establecimientos de salud del sector tanto públicos como privados. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresaba a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, Francia abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con Covid-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados.
Mientras en España la legislación varía de comunidad en comunidad y «no existe unanimidad a la hora de fijar criterios ni de salud ni económicos para utilizar todo el potencial del sector privado en la lucha contra la pandemia y garantizar la salud de la ciudadanía», por lo que el Instituto Coordenadas reclama "una mayor cooperación público-privada".
Recuerda que la ‘Encuesta de percepción sobre la aportación de la sanidad privada', elaborada por la Fundación Idis, midió que un 56,6% de los españoles cree que el nivel de colaboración sanidad pública-privada debería aumentar y un 61% considera que la sanidad privada, donde trabajan unos 260.000 profesionales, es una importante fuente de creación de empleo. Pero advierte de que la realidad tras la pandemia es que cerca de 60.000 profesionales y unos 2.400 centros de salud privados corren peligro de subsistir por la disparidad de burocracias autonómicas.
Por ello, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, señaló que «ha sido verdaderamente temeraria la ceguera ideológica con la que la Administración Central ha abordado la colaboración con los centros sanitarios privados para luchar contra la pandemia».
«Por encima de la lucha contra la enfermedad y la atención a los afectados, han estado los prejuicios ideológicos que han impedido optimizar recursos. Esa ceguera bloquea ahora la implantación del necesario sistema de compensación económica por los gastos asumidos por la sanitad privada y puede provocar una catástrofe económica notable. Y lo que es peor: una descapitalización de profesionales y organizaciones que cuesta décadas formar», dijo.
