Sanidad ultima la reforma de la Ley de Violencia de Género que suspenderá el régimen de visitas a maltratadores

En una comparecencia doble ante la Comisión de Igualdad, Garcés ha asegurado que "el grupo de trabajo ha finalizado ya" con la redacción del anteproyecto que modificará la Ley Integral en una decena de artículos, como el 64, que regula "las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones" para la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género.

Conforme ha detallado, se incorporará un apartado nuevo, que será el séptimo, para incluir entre las medidas a acordar por el juez "la suspensión imperativa del régimen de visitas", modificación que "también va a llevar aparejada una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal" pues se trata de "prever la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores no sólo como medida cautelar sino también como pena".

Asimismo, el anteproyecto contiene una "ampliación del concepto de violencia contra la mujer y del ámbito de aplicación", incluyendo aquí a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados en este contexto. En la misma línea, contempla incluir "una mención específica a los menores" entre los principios rectores que enumera la norma.

Garcés ha detallado además, que la reforma establecerá en línea con el acuerdo de Senado y Congreso, "la no necesidad de procurador hasta su designación y la personación de las víctimas en cualquier momento del procedimiento", lo que a su vez requiere de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que según ha dicho, se está estudiando.

En la misma línea, se prevé "ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género" para clarificar la situación, "habida cuenta de los diferentes títulos que había en las distintas comunidades autónomas para determinar después el estatus jurídico de la víctima".

Reformar el artículo 27 para hacer compatibles las ayudas previstas por la Ley Integral con las que puedan contemplar las normativas autonómicas, dar carácter "permanente" al plan estatal de sensibilización sobre violencia machista, contemplar la remisión a las Cámaras de los informes del Consejo Interterritorial de Salud y del Observatorio Estatal de la Mujer constan asimismo en las modificaciones.

Garcés ha recordado que lo primero que se hizo con las 214 medidas que acordó el Congreso y las 267 que se pactaron en el Senado fue jerarquizar, dando prioridad a "las medidas que tenían que tener soporte normativo", aunque entre ellas las hay que requieren el paso por el Pacto Educativo y por la Mesa de Diálogo Social, por lo que habrá que esperar a que se alcance un acuerdo en ambas esferas.

En total, la aplicación del Pacto conlleva modificar o elaborar en total 12 leyes y, según ha señalado, el objetivo del Gobierno es "enviar a las Cortes los distintos proyectos, que se irán haciendo en fases, según se vayan terminado.

"El punto de partida es la reforma de la Ley Integral, aunque se comenzará a redactar dos leyes nuevas, la de Trata de Seres Humanos y la Ley de violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, que formarán parte de un acervo jurídico fundamental en nuestro país", ha avanzado.

Según ha dicho, "la ley sobre trata se va a redactar desde la perspectiva de género y de derechos humanos" y la de violencia sexual, además, "va a incluir todas las formas incluidas en el Convenio de Estambul".

El número 2 del ministerio de Sanidad ha incidido en que el 16,85% de las medias del informe del Senado se venían desarrollando, aunque están siendo evaluadas, y de las contenidas en el informe de la ponencia "están en desarrollo y proceso de ejecución prácticamente el 50%" y ha repasado algunas, como un estudio sobre percepción de la violencia sexual que su departamento dará a conocer "próximamente".

En este sentido, se ha referido al eje relativo a sensibilización, concienciación y prevención, para avanzar que en 2018 se lanzarán tres nuevas campañas para jóvenes, otra sobre violencia sexual y otra sobre trata "con el fin de desincentivar" los servicios de prostitución; mientras en materia de infancia y juventud ha llamado a alcanzar un acuerdo en favor de los menores huérfanos cuyas madres no cotizaban a la seguridad social.

En cuanto a la disposición de los fondos comprometidos, Garcés ha afirmado en que ahora se está "en fase de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado" y ha incidido en que los plazos siguen abiertos, pues el Pacto da seis meses al Gobierno para una vez cerrado el acuerdo con las comunidades autónomas, presentar los proyectos normativos, que aún no han vencido.