El Gobierno impulsa su labor legislativa con la prisión permanente revisable y cuatro proyectos más que verá el viernes

Frente a la críticas de «parálisis» del Ejecutivo que han formulado los partidos de la oposición, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya anticipó este jueves en el Senado que el Ejecutivo iba a llevar a cabo este año una «muy importante» actividad legislativa y que buscaría pactos con la oposición en materias como la financiación autonómica, las pensiones o la educación.

A pocos más de un año de las elecciones autonómicas, municipales y europeas y con la preocupación que hay en las filas del PP por el ascenso de Cs que recogen las encuestas, el Gobierno quiere dejar claro ante los ciudadanos que tiene iniciativa política pese a tener solo 137 diputados en el Congreso de los Diputados.

LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en Córdoba que este viernes llevarán al Consejo de Ministros una anteproyecto para ampliar los supuestos en que se aplica la prisión permanente revisable. Y dijo a quienes buscan derogar esta pena que «están en su derecho», pero recalcó que «el dolor» de las víctimas y sus familias «por desgracia no es revisable».

Fuentes del Ejecutivo han señalado que se trataría de «mejorar» esta pena para incluir tres nuevos delitos a los que se aplique. Así, incluiría la prisión permanente revisable para los culpables de asesinato que no colaboren e intenten ocultar el cadáver, para los secuestros que acaban en muerte, y para los casos de muertes que implican el uso de elementos químicos, nucleares o incendios.

Ese acto de Rajoy en Córdoba con algunos familiares de víctimas provocó fuertes críticas de la oposición. Desde el PSOE, que están a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, se acusó al PP de «utilizar a los muertos». Por su parte, Ciudadanos se mantiene en la abstención, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

OTROS ANTEPROYECTOS

Aparte de la prisión permanente revisable, la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios --que se ha reunido este miércoles en el Palacio de la Moncloa bajo la presidencia de Sáenz de Santamaría-- ha analizado otros cuatro anteproyectos que estudiará el próximo viernes el Consejo de Ministros.

Así, el Gobierno verá el viernes el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta Ley tiene por objeto trasponer la Directiva de la Unión Europea 2015/849, en aquellos aspectos todavía no incorporados al derecho interno, y adaptar el régimen vigente realizando algunos ajustes que mejoren su efectividad, sin modificar sus líneas básicas, según ha informado en un comunicado.

También en este ámbito, se debatirá el anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. De esta manera, explica el Ejecutivo, se incorporarán nuevas herramientas que mejoren eficazmente la lucha contra la delincuencia grave yel terrorismo mediante el tratamiento de los datos PNR.

El viernes se analizará también el anteproyecto de Ley de secretosempresariales, que supone la trasposición de la directiva europea relativa a la protección de los secretos comerciales. Para ello, laley define los secretos oficiales, determina aquellas conductas constitutivas de violación de estos secretos y determina el catálogo de acciones de defensa y demás medidas procesales.

Por último, la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios ha analizado el anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. En esta iniciativa se eliminan aquellos preceptos incompatibles con el reglamento comunitario, se regula el régimen sancionador de los servicios de confianza diferentes de la firma electrónica, y se regulan aquellos aspectos que el Reglamento deja a la regulación por los Estados, según ha informado el Ejecutivo.