La mera admisión del recurso dejará en suspenso la celebración del Pleno de investidura previsto para el próximo martes en el Parlament de Catalunya.
Además, los doce magistrados que integran el tribunal de garantías deberán estudiar si aceptan la petición de los diputados electos de Junts per Catalunya, entre los que se incluye Puigdemont, para ser parte en el procedimiento.
Su personación les permitiría poder explicar al TC sus argumentos en contra de las intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Por su parte, el Gobierno pide concretamente la nulidad de la candidatura a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico.
El Ejecutivo ha mantenido su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional por este asunto.
ADVERTENCIA A TORRENT
En el recurso de la Abogacía del Estado se pide también que se adviderta expresamente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las "consecuencias penales" en caso de no acatar la suspensión y seguir adelante con la investidura del expresidente catalán.
Similares advertencias fueron hechas en su día a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, en relación con otras resoluciones del TC que fueron incumplidas, y el asunto provocó la presentación de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha terminado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por rebelión y malversación.
Junto a la impugnación de la resolución del 22 de enero del presidente del Parlament, el Gobierno recurre también la resolución del 25 de enero de Torrent "por la que se convoca el Pleno del Parlament el día 30 de enero de 2018, a las 15 horas, para el debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont". Se pide proceder en concreto contra la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura.
En el recurso se hace expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de dichas resoluciones en los términos en que se impugnan.
También se pide al Constitucional que, en la providencia en que se decrete la suspensión de las resoluciones impugnadas y en la resolución que en su momento se dicte, se ordene la práctica de su notificación personal al presidente y demás miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña.
Igualmente, se solicita al TC que en dicha notificación "se advierta al presidente del Parlament y demás miembros de su Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
"En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura cuyo candidato a la Presidencia de la Generalitat sea Carles Puigdemont, con expresa advertencia de las consecuencias penales en caso de que así no se haga", añade el escrito.
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