Ucrania y Rusia firmaron este viernes en Estambul un acuerdo, supervisado por Turquía y Naciones Unidas, para exportar cereales ucranianos a través de un corredor marítimo, con lo que se espera aliviar la crisis alimentaria mundial causada por el bloqueo naval ruso de los puertos ucranianos del Mar Negro.
En virtud del acuerdo, una coalición de personal turco, ucraniano y de la ONU supervisará carga de granos en los buques en los puertos ucranianos antes de navegar por una ruta planificada previamente a través del citado mar. Los barcos lo cruzarán hacia el estrecho del Bósforo, en Turquía, donde se establecerá un centro de coordinación conjunto en Estambul, que incluye representantes de la ONU, los dos países en liza Ucrania y Rusia, así como un tercero; Turquía.
Este centro será el encargado de examinar los barcos que entren en Ucrania para garantizar que no lleven armas o material de combate. De igual modo, las partes rusa y ucraniana se comprometen a suspender cualquier ataque contra los barcos o los puertos que participen en estas exportaciones. Personal de Turquía y de Naciones Unidas estará en los puertos ucranianos para confirmar la seguridad en las zonas protegidas por el acuerdo.
Al respecto, el G7 ha avisado que vigilará de cerca que el acuerdo para reanudar las exportaciones de grano ucraniano a través del Mar Negro no «ponga a Ucrania en mayor riesgo de ser invadida y atacada por Rusia». Según el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, «el G7 está trabajando estrechamente con socios como Turquía y otros para asegurar que podemos sacar ese grano de Ucrania y llevarlo a los lugares del mundo donde se necesita sin poner en riesgo la soberanía y la protección de Ucrania», sostuvo.
En paralelo, la Comisión Europea (CE) ha propuesto aplicar una excepción temporal a corto plazo de las normas de rotación de cultivos para extender el uso de terrenos en barbecho a 2023 para aumentar la capacidad de producción de cereales en la Unión Europea en respuesta a la invasión militar rusa de Ucrania. La propuesta del Ejecutivo comunitario, a petición de los Estados miembro, supondría poner en producción 1,5 millones de hectáreas más respecto a los niveles actuales para aumentar la seguridad alimentaria en el mercado comunitario.
Esta excepcionalidad, que aún debe ser respaldada por los Veintisiete, sería temporal y aplicable a 2023 de cara a afrontar las preocupaciones de seguridad alimentaria derivadas de la agresión militar rusa de Ucrania y no se aplicaría a la plantación de cultivos que normalmente se utilizan para alimentar animales, como maíz o soja. La Comisión Europea ha planteado que, en paralelo, los países de la UE impulsen medidas medioambientales como parte de sus planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC) para mantener la sostenibilidad de los ecosistemas agrícola y alimentario.
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