Una sentencia del juzgado de primera instancia número 54 de Madrid
declara válida la actuación del Estado español cuando revocó en
1994 el contrato por el que la sociedad Demart Pro Arte, que
presidía Robert Descharnes, podía explotar los derechos de la obra
de Salvador Dalí. Según un comunicado de la Fundación Gala-Salvador
Dalí, la sentencia, fechada el 15 de marzo y notificada el martes a
las partes, declara «plena y válidamente extinguidos» los derechos
de Robert Descharnes, quien había iniciado la demanda judicial y
que ha sido condenado además a asumir los costes del procedimiento
judicial.
Según la Fundación Dalí, con sede en Figueres (Girona), «esta
sentencia representa un fracaso rotundo de las pretensiones de
Descharnes y refuerza los derechos del Estado español como heredero
universal del pintor ampurdanés y los de la Fundación como gestora
de estos derechos por encargo expreso del Estado». El presidente de
la Fundación Dalí, Ramon Boixadós, mostró ayer su satisfacción por
la sentencia y «por el reconocimiento internacional que
representará ante los intentos de crear confusión en este campo por
parte de Descharnes».
Esta sentencia se suma a la que hace unos días emitió la
Audiencia Nacional, en la que condenaba a la sociedad Demart Pro
Arte a pagar 31 millones de pesetas de indemnización a la Fundación
Gala-Dalí. La indemnización impuesta por la Audiencia Nacional a
Demart corresponde «a los perjuicios derivados de la suspensión de
la orden ministerial que otorgó a la Fundación la gestión y
administración de los derechos de propiedad intelectual derivados
de la obra artística de Dalí».
Desde la muerte de Dalí, Robert Descharnes pleitea contra la
Fundación amparándose en un documento que Dalí firmó en 1986 con
esta sociedad, con sede en Amsterdam, un contrato de «cesión
temporal de derechos de autor» que vence en el año 2004. Sin
embargo, Dalí instituyó al Estado español como heredero universal
de todos sus bienes, derechos y creaciones artísticas, y después de
su fallecimiento en 1989 el Gobierno confirió al Ministerio de
Cultura en 1995 la administración y explotación de dichos derechos
de imagen de Dalí, que este departamento cedió a la Fundación
Gala-Dalí. Ni el Gobierno ni la Fundación han reconocido la validez
del documento que posee Descharnes.
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