Un total de 56 profesores de historia de universidades españolas,
como Javier Tusell, Joaquim Albareda, Joan B. Culla o Manuel Pérez
Ledesma, han suscrito un manifiesto en el que afirman que «la
memoria democrática debe asentarse sobre la aceptación de la
realidad histórica y de sus consecuencias». El manifiesto pretende
responder a «recientes y polémicas manifestaciones de altos
representantes institucionales acerca de aspectos sensibles de
nuestro pasado común», en referencia a unas declaraciones del Rey y
de la ministra de Cultura, Pilar del Castillo.
El escrito ha sido suscrito también por profesores de las
universidades de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, País Vasco,
Lleida, Santiago de Compostela, Rovira Virgili de Tarragona,
Cantabria o Balears. El texto añade que, «aún reconociendo la
existencia de distintas memorias sobre la Guerra Civil, resultan
incuestionables tanto las explícitas intenciones antiautonomistas
del bando sublevado en 1936 como la persecución específica que el
régimen franquista victorioso aplicó contra las lenguas y los
signos de identidad colectivos de catalanes, valencianos,
mallorquines, vascos o gallegos».
«Sólo anteponiendo las realidades históricas incontestables a
las distintas opciones ideológicas -continúa el texto- se podrán
consolidar las bases de la convivencia democrática». Los firmantes
aseguran que «lo contrario constituye una irresponsabilidad
política e histórica, más inexcusable cuando más alto sea el rango
gubernamental de quien incurre en ella»
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