La Comisión Europea considera «absolutamente justificada» la exclusión, por parte de algunos países de la Unión Europea, de Huawei y ZTE del despliegue de sus redes de 5G.
Así se recoge en un comunicado difundido tras la rueda de prensa por parte del comisario de Mercado Interior y encargado de Telecomunicaciones, Thierry Breton, que también instó al resto de países que aún no lo han hecho a tomar medidas en ese mismo sentido, por motivos de seguridad nacional.
Sin embargo, la limitación a la competencia en el ámbito del 5G tendría un importante impacto, además de a nivel técnico, para la economía en Europa, según pone de relieve un informe de Oxford Economics, que cuantifica entre 12.000 millones y 85.000 millones de euros, según el escenario, las pérdidas en el PIB para 2035 del conjunto de 31 países europeos analizados por la consultora.
Concretamente, para las operadoras europeas la restricción de proveedores clave en infraestructuras 5G, entre lo que se incluyen compañías como Huawei y ZTE, supondría un incremento en sus gastos en la implantación de sus redades de quinta generación de entre 1.400 millones y 4.500 millones de euros anuales, lo que representa un aumento de hasta el 30%, aproximadamente. Este impacto no incluye los importantes costes para las operadoras derivados de tener que sustituir en sus redes los equipos fabricados por los proveedores sobre los que se impusieran las restricciones.
Junto a las consecuencias financieras, el informe de Oxford Economics también subraya la ralentización en la innovación y los retrasos en el despliegue en la red que implicaría una restricción a la competencia en el campo 5G, lo que también tendría como consecuencia la limitación del acceso a estas tecnologías a millones de personas en los próximos años.
HUAWEI, EN DESACUERDO CON LA COMISIÓN
Huawei ha expresado, a través de un comunicado, su firme oposición y desacuerdo ante los comentarios realizados por los representantes de la Comisión Europea, manifestando que «no se basan en una evaluación verificada, transparente, objetiva y técnica de las redes 5G».
Aunque la compañía afirma entender la preocupación de la Comisión Europea por proteger la ciberseguridad en la UE, también alerta sobre los graves riesgos económicos y sociales que tendrían «las restricciones o exclusiones basadas en juicios discriminatorios» y que, además, «obstaculizarían la innovación y distorsionarían el mercado de la UE». Para ello, alude al ya mencionado informe de Oxford Economics, que pone de manifiesto que «excluir a Huawei podría aumentar los costes de inversión en 5G hasta en decenas de miles de millones de euros, y tendrán que pagarlo los consumidores europeos».
En su comunicado Huawei también remarca que «calificar de forma pública a entidad individual como proveedor de alto sin base jurídica va en contra de los principios del libre comercio». Además, considera importante subrayar que «la evaluación discriminatoria del proveedor de alto riesgo no se aplicará a ningún proveedor sin un procedimiento justificado y una audiencia adecuada». En este sentido, afirma que Huawei, como actor económico en la UE, «tiene derechos procesales y sustanciales, y debe estar protegida por las leyes de la UE y de los Estados miembros, así como por sus compromisos internacionales».
Al mismo tiempo, Huawei recuerda que la ciberseguridad es su principal prioridad y pone de ejemplo la puesta en marcha de un Centro de Transparencia de Ciberseguridad en Bruselas. «Este centro está abierto a clientes y organizaciones independientes de pruebas de terceros. Se les invita a realizar pruebas y verificaciones de seguridad justas, objetivas e independientes de acuerdo con los estándares de ciberseguridad reconocidos por la industria y las mejores prácticas. Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer productos y servicios certificados y de confianza a escala mundial, que conecten a millones de europeos», explica la compañía.
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