El PSIB plantea una ley que da más margen a los taxis ante los de tipo Uber

Marc Pons y Iago Negueruela. | R.L.

Torres BlascoPalma30/11/23 0:29
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Varias sentencias judiciales, la adaptación a normativas europeas y una legislación en materia de transporte que tiene varios años ha provocado un aluvión de solicitudes –unas 10.000 según fuentes del Ejecutivo– de autorizaciones de VTC, vehículos de transporte con conductor. Desde la Conselleria d'Habitage, Territori i Mobilitat se indica que son conscientes de la complejidad del momento y que trabaja en una nueva normativa, pero que todavía no hay un texto esbozado y que es preciso acordar con todos los sectores afectados. Este miércoles, por sorpresa, el PSIB presentó en el registro del Parlament una proposición de ley con un texto articulado y solicitó que fuera tramitado por urgencia.

No es habitual que los partidos de la oposición presenten proposiciones de ley. En la que ha presentado el Grupo Socialista se alude a la necesidad de adaptar el sector a las nuevas necesidades y al aumento de la demanda a la vez que buscar el equilibrio entre el sector del taxi tradicional con los que ofrecen las empresas privadas. El portavoz adjunto del grupo socialista, Marc Pons, que fue conseller de Mobilitat durante una etapa del Govern de Armengol, indicó este miércoles que su propuesta está muy pactada y debatida, y que satisface a la asociación del taxi de PIMEM.

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Áreas de Prestación conjunta

Uno de los artículos de la ‘ley del PSIB' regula las Áreas de Prestación Conjunta que permitirá servicios y tarifas comunes entre municipios diferentes e, incluso, en el ámbito insular, lo que se haría de acuerdo con los consells insulars. Esta reforma parte de la de 2014 e incorpora otras que se recogen en normativas dentro de la estatal. En general, todo lo que no está regulado por ley (ya sean reglamentos o decretos) suele ser anulado por los tribunales.

La normativa también incorpora restricciones a las empresas del tipo Uber. Así, se establece la posibilidad de establecer limitaciones a la prestación de servicio, sea en zonas urbanas o interurbanas y se les exige una doble licencia. También se fijan limitaciones vinculadas a la capacidad de acogida de las zonas donde actúan y al cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental.