Colapso en Turisme por las consultas sobre las sanciones por el alquiler vacacional

Las viviendas vacacionales deben tener el número de licencia de Turisme y el DRIAT. Sin estos dos requisitos no podrán seguir siendo comercializadas por las plataformas de alojamiento colaborativo vía internet. | Booking

J. L. Ruiz ColladoPalma29/08/17 0:56
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Las centenares de consultas sobre las sanciones por el alquiler vacacional han estado colapsando la centralita de la Conselleria de Turisme durante los últimos días. El desconocimiento de la normativa y el anuncio de las fuertes multas «han generado una avalancha de llamadas, muchas de ellas pidiendo información para regularizar viviendas sin saber que el plazo finalizó el pasado 31 de julio», indicaron este lunes desde Turisme.

Las plataformas de alojamiento colaborativo, tras el requerimiento realizado por el Govern a principios de la pasada semana para que solo alquilen las viviendas inscritas en Turisme y que hayan cumplimentado el DRIAT (Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística), han estado notificando esta última quincena de agosto a los propietarios de viviendas que les facilitaran su número de registro, requisito imprescindible para poder ser comercializadas.

Retirada de viviendas

Desde Turisme apuntan que esta solicitud de información es la que ha provocado la avalancha de llamadas: «Las sanciones económicas de 40.001 euros a los propietarios de viviendas que no están registradas y de 400.000 euros a las plataformas, ha generado esta dinámica de pedir información y explicaciones. Las plataformas, por su parte, están retirando centenares de viviendas sin permisos para evitar las multas, cuyo balance final se podrá conocer a mediados de septiembre».

Airbnb, Booking y Homeaway coinciden en señalar que van a colaborar con el Govern y cumplir la normativa vigente.

La Conselleria de Turisme, a partir de finales de la próxima semana, iniciará la labor de inspección en los portales de alojamiento colaborativo para determinar que viviendas son o no legales, para de este modo aplicar las sanciones económicas que correspondan.