Ayer se aprobó el dictamen del proyecto, que el pleno del Parlament debatirá el próximo martes. Podemos consiguió introducir algunos puntos restrictivos al redactado inicial (gracias al apoyo de Més y PSIB, los partidos del Govern) pero no cedió en dos puntos: no extender el alquiler por días a pisos o adosados y mantener que el centro de Palma e Ibiza deben ser declarados zonas de emergencia habitacional y prohibir esta actividad. En esta segunda propuesta se quedó solo y no se aprobará en el pleno. Diferente es lo que pueda suceder con la comercialización de plurifamiliares.
Un ‘voto particular'
De hecho, si en la reunión de la comisión parlamentaria que aprobó el dictamen, tumbó el artículo que anula la prohibición contenida en la ley turística del exconseller Delgado al introducir una nueva definición de ‘estancia turística, fue gracias al el apoyo del Partido Popular.
El diputado de Més Antoni Reus, que ha jugado un papel relevante en la negociación con Podemos, estuvo al quite y en cuanto se percató de que Podemos y PP anulaban el artículo fundamental, anunció que presentaba un ‘voto particular' para que el pleno del martes tomara en consideración este asunto.
El ‘voto particular' que permitirá volver al texto inicial se aprobó gracias a la abstención de Podemos. El diputado ‘morado' Salvador Aguilera explicó luego que si se abstuvieron fue para «poder negociar» las cuestiones que no logró introducir, como la emergencia habitacional.
En cualquier caso, y así lo valoraron tanto desde el PSIB como Més, la aprobación de la ley queda garantizada. Y es más restrictiva gracias a las diferentes transacciones que aceptaron Més, PSIB y Podemos. Por ejemplo, se limita a 60 días el tiempo en que alguien puede alquilar su piso (siempre que no se acoja a la LAU) y se elevan las inspecciones. La ley se votará el martes.
EL APUNTE
La ley añade un objetivo al fondo de la ecotasa
La probación de la ley no modificará únicamente la ‘ley Delgado'. También recogerá una disposición que modifica la del impuesto turístico o ecotasa. Concretamente, amplía el destino de los fondos para la rehabilitación de viviendas de uso social. Además, prevé sanciones de 400.000 euros a plataformas como AirBnB que comercialicen alojamientos no previstos en la norma.
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó en abril parte de la normativa turística como la que ahora se quiere aprobar. Dicen los tribunales que "excluir la oferta de viviendas vacacionales de las zonas turísticas, precisamente donde se tratan de localizar predominantemente los usos turísticos, carece de cobertura legal". Y añade que «el reglamento infringe claramente la libertad de empresa y prestación de servicios, limitando la oferta turística sin justificación suficiente, siendo la única explicación es que se trata de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales" -lease hoteles y similares -", vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios». Les han tumbado más cosas de la norma que aprobaron y aún hay 4 puntos más recurridos. Han condenado al gobierno canario a pagar las costas. Y los políticos que están estudiando la ley balear a aprobar lo saben. O deberían saberlo.