El fiscal Carlos Castresana pidió ayer al juez Manuel García
Castellón la prisión de Jesús Gil eludible con el pago de una
fianza de 200 millones de pesetas y la misma medida cautelar con
una fianza de 100 millones para el ex vicepresidente del Club
Enrique Cerezo y para el ex director general Miguel Angel Gil
Marín.
Según fuentes jurídicas, el juez decidirá si acuerda estas
medidas en los próximos días tras celebrar una vistilla con los
tres imputados en la que el fiscal solicitó estas fianzas ante el
riesgo de destrucción de pruebas. Además, el magistrado conoció
ayer, a través de los abogados de Jesús Gil, que el BOE publicó el
pasado día 8 la Ley que deroga el decreto de 20 de octubre de 1969
en el que se basó la administración judicial del Club Atlético de
Madrid. Para la defensa de Gil, tras esta publicación se debe
anular la administración judicial, aunque fuentes del juzgado y de
la fiscalía aseguraron que esta Ley no entrará en vigor hasta
dentro de un año. En concreto, se trata de una disposición
derogatoria, incluida en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, del
decreto «sobre administración judicial en caso de embargo de
empresas».
La nueva Ley recoge que en el caso de las medidas cautelares
adoptadas con una legislación anterior «se podrá pedir y obtener su
revisión y modificación con arreglo a la presente Ley». Esta Ley
también incluye una nueva regulación que se aplicará en casos en
los que «se embargue alguna empresa o grupo de empresas».
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