Europa PressMadrid30/12/99 0:00
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En una providencia dictada ayer, el Juzgado señala que ninguno de ellos ha podido ser citado "los seis primeros como testigos y el séptimo, Pedro Román, como imputado", para prestar declaración en el Juzgado dentro de la causa que investiga una presunta estafa y apropiación indebida de los ex gestores del Atlético. Por ello, ordena a la Policía Judicial de la Audiencia Nacional que averigüe su actual domicilio y paradero, con el fin de enviarles allí las correspondientes citaciones. De momento, el Juzgado ha suspendido la declaración testifical prevista para ayer, jueves, de los falsos jugadores profesionales contratados por el Atlético Limamou Mbengue (senegalés), Bernardo Matías Djana (angoleño), Abass Muyiwa Lawal (nigeriano) y Maximiliano de Oliveira Texeira (brasileño).

En cuanto a los ex secretarios de Estado para el Deporte Cortés Elvira y Gómez Navarro (este último fue luego ministro de Comercio), las mismas fuentes indicaron que los telegramas con sus citaciones como testigos fueron remitidos al Consejo Superior de Deportes, que contestó que desconocía el domicilio de dichos ex altos cargos. Ahora deberá averiguarse su actual domicilio para que sean citados. La comparecencia de ambos está fijada en principio para el próximo 14 de enero.

En relación a los cuatro supuestos jugadores, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex presidente del Atlético, Jesús Gil, y su hijo Miguel Angel, ex director general, decidieron saldar la deuda que el primero había contraido con el club «mediante su compensación con un activo ficticio consistente en los derechos sobre cuatro jugadores profesionales de fútbol que no eran tales».

El fiscal Carlos Castresana añadía que Jesús Gil y Gil, mientras se ocupó de la administración del club, entre junio de 1992 y diciembre de 1997, «fue apoderándose de cantidades pertenecientes al Atlético hasta llegar a adeudar al club, al final de dicho periodo, en no menos de 2.700 millones». Para ocultarlo, en enero de 1998, Gil y su hijo decidieron saldar la deuda, «no mediante el pago de la misma, sino mediante su compensación con un activo ficticio consistente en los derechos sobre cuatro jugadores profesionales de fútbol que no eran tales, activo que Gil cedió al club, que de acuerdo con su hijo, valoraron en 2.740 millones de pesetas más el IVA, y cuyo valor de mercado era inexistente». Así, padre e hijo otorgaron el 16 de enero de 1998 cuatro contratos en cuya virtud Promociones Futbolísticas, propiedad de Jesús Gil, cedía al Atlético los derechos económicos y de imagen de los supuestos jugadores.