R.S. La juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, Martina Rodríguez, dejó ayer visto para sentencia el caso de un empresario al que se acusa de no asegurar a un trabajador que sufrió un accidente. El Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión para el empresario, acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores. La fiscal también reclama una multa de 9.900 euros. Por su parte, la acusación particular solicita una indemnización de 28.200 euros para el operario accidentado que, supuestamente, trabajaba para esta empresa sin tener contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social. En su defensa, el acusado argumentó que el operario no trabajaba para él sino para su padre, que no está acusado. Varios trabajadores de la empresa declararon en este sentido. Por su lado, la acusación intentó demostrar que los operarios trabajan indistintamente para las dos empresas, ubicadas en el mismo lugar y con una oficina única.