El delegado de CCOO en el Centro Penitenciario de Eivissa, Jesús Irurre, celebró ayer que tras la denuncia presentada por él y otros cuatro jefes de servicio en la Guardia Civil contra el director de la cárcel, Manuel Vega, éste ya haya puesto en funcionamiento la puerta corredera que da acceso a las viviendas de los funcionarios. Según Irurre y los otros jefes de servicio que presentaron la denuncia, el hecho de que esta puerta metálica corredera permaneciera abierta ponía en peligro la seguridad de «los trabajadores y sus familias», ya que los funcionarios de prisiones son objetivo terrorista.

Los denunciantes explicaron ayer que Vega, que también reside en las casas de los funcionarios de la prisión, que están ubicadas junto a la cárcel en la que trabajan, decidió de nuevo habilitar la puerta corredera, que abre y cierra mediante mando a distancia, tras el atentado de Mallorca.

«Cuatro meses»

Según Irurre y sus compañeros, Vega impidió durante «cuatro meses» que la puerta se cerrara «tan sólo por fastidiar», ya que al parecer entre el director y los jefes de servicio han surgido diferencias por causas laborales. «Por motivos internos el director comenzó una campaña de desprestigio contra los jefes de servicio», acusó Irurre, que explicó que es en este contexto en el que hay que en enmarcar el asunto de la puerta corredera. «Lo hizo en venganza, por fastidiar», señalaron los jefes de servicio.

En un principio la puerta se fijó con una brida para que siempre estuviera abierta. Al parecer hay funcionarios que viven en el recinto y no tienen el mando a distancia que abre y cierra y, según los denunciantes, en lugar de facilitarles uno, la dirección optó por mantener la puerta siempre abierta.

«Tras el atentado rompimos el precinto y cerramos la puerta», explicó Irurre. Después, señaló el representante de CCOO, la dirección ordenó retirar la puerta, para lo que se utilizó a varios presos, según los jefes de servicio, ya que es muy pesada. Fue entonces cuando decidieron denunciar ante la Guardia Civil. Además, los jefes de servicio han enviado a las oficinas centrales de Instituciones Penitenciarias dos escritos en los que explican sus versiones, quejas que han sido remitidas también a la Dirección Insular de Eivissa y Formentera. Ahora los funcionarios se quejan de que el director ha ordenado aparcar en las puertas de sus casas vehículos de la Guardia Civil, según ellos con el objeto de hacerles más difícil su entrada a las viviendas. Aseguran que esos vehículos podrían estar aparcados en el lugar en el que habitualmente están, ya que, dicen, no hay falta de espacio.