Varios de los afectados por la supuesta estafa de pisos en lo que antes era el Club Robinson de Cala Vedella aseguraron ayer a este periódico que un grupo cercano a las 40 personas estaba dispuesto a actuar conjuntamente para «protegerse» no sólo por el presunto fraude del que dicen ser víctima sino también para las amenazas que aseguran estar recibiendo.
«Lo único que nos queda es actuar todos unidos», explicó ayer uno de los implicados en una operación cuyo fraude puede superar los ocho millones de euros. Los afectados, que anteayer anunciaron la posibilidad de personarse conjuntamente en el juzgado para emprender una única acción legal contra la inmobiliaria de Eivissa que gestionaba directamente la operación, afirmaron que compradores procedentes de Mallorca, Barcelona y Valencia tenían previsto viajar en las próximas horas a la isla para concretar esta denuncia al mismo tiempo que lo hacían los que ya cuenta con residencia actual en Eivissa.
Unidos
Los perjudicados esperaban que un abogado ibicenco fuera el que se encargara de dirigir las acusaciones que se presente por este caso. Como ya se informó 27 de ellos denunciaron en su día haber sido objeto de una estafa, hecho por que que la semana pasada agentes del Equipo de Delincuencia Urbanística (EDU) se desplazaron de Mallorca para detener a un responsable de la Inmobiliaria Salinas, con se de en la avenida de Ignacio Wallis, y al director de un una entidad bancaria, ambos puestos en libertad luego y en espera de ser llamados por el juez para aclarar delitos de estafa y falsedad documental que motivaron su arresto. Según algunos perjudicados, desde que trascendió todo están recibiendo llamadas que les instar a no continuar con su denuncia para evitar «serios problemas a ellos y sus familias».
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