Una imagen del Pleno celebrado este viernes.

La okupación del complejo turístico de Punta Arabí llegó este viernes al Pleno de Santa Eulària. Lo hizo en una sesión a la que asistieron algunos de los vecinos afectados y en la que el PP logró acorralar al PSOE planteándole el reto de votar a favor de una propuesta para instar al Gobierno central a cambiar la ley para acabar con el problema de la okupación. Lo cierto es que la propuesta la presentó el PP en octubre de 2020 y en aquellos momentos, según recordó este viernes el portavoz del gobierno municipal, Toni Ramón, tanto los socialistas como Unidas Podemos votaron en contra. En la misma, el PP planteaba la necesidad de que el Gobierno central llevara a cabo una reforma legal para que «los propietarios no tengan que vivir este calvario». Por ello, y con el caso de Punta Arabí sobre la mesa, Ramón invitó este viernes a los dos partidos de la oposición a votar a favor de esta petición porque, subrayó, «alguien que okupa debería estar en la calle en menos de 12 horas o, mejor dicho, en la cárcel».

A la espera
El portavoz municipal recordó también que unos 150 trabajadores están a la espera de que el complejo de Punta Arabí pueda volver a entrar en funcionamiento en la temporada de 2022 y que «no podrán hacerlo si este problema no se soluciona». El concejal del PP dijo sentir «impotencia» ante la situación creada por los okupas y lamentó que tenga que ser el Consistorio el que busque una solución «por la penosa legislación» estatal sobre esta materia.

El socialista Vicent Torres respondió a Ramón echando balones fuera al recordar que el Ayuntamiento «hace política municipal, no estatal». Y acusó al portavoz del PP de tener «un discurso populista y poco constructivo».

Sorprendente fue también la actitud de la concejala de Unidas Podemos, Marta Maicas, quien pidió en varias ocasiones «disculpas» a los vecinos de la zona por no haber sido consciente de la gravedad de lo que estaban viviendo por culpa de la okupación de este complejo turístico. Maicas admitió que «lo primero es defender al propietario y a los vecinos para poder vivir en paz». Sin embargo, rechazó alternativas como la empleada para sacar a los okupas de Punta Arabí, a través de la empresa Desokupa, a la que acusó de emplear métodos violentos. «No queremos», aseguró Maicas, «que otros hagan la función que corresponde a las fuerzas de seguridad. Son empresas que lo harán de forma más violenta y agresiva», apuntó.

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Algunos de los vecinos asistentes al Pleno explicaron cómo habían vivido estos meses por culpa de los okupas. El relato más sangrante fue el de una residente en la zona que recordó cómo, delante de su hija adolescente, había tenido que «sacar a uno que se estaba pinchando heroína». También denunció que en Punta Arabí vivían familias okupas cuyos hijos pequeños «no van al colegio y viven sin nada». Explicó, además, que había acudido al Ayuntamiento en varias ocasiones para informar de la situación y subrayó que «la gente que necesita ayuda no roba, no rompe, no insulta y no increpa».

Limitaciones
La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, se mostró, por su parte, indignada por la dificultad que supone para un ayuntamiento intervenir en situaciones como estas. Ferrer recordó que existe «un problema de vivienda preocupante» y que «no es fácil de resolver». Pero también calificó de «gran problema» la okupación.

La alcaldesa explicó que la propiedad del complejo de Punta Arabí está en contacto con el Ayuntamiento y que una nueva empresa ha arrendado tanto este establecimiento como otros tres que tiene en la zona. Esta arrendataria ya se ha puesto en marcha para pedir el amparo de la Justicia porque el objetivo es poder reabrir el complejo para la temporada de 2022. Ferrer subrayó que los trabajadores del mismo, unos 150, «tienen que poder volver a trabajar» y que los residentes han de «recuperar la tranquilidad».

Finalmente, el concejal responsable de la Policía Local, Juan Carlos Roselló, defendió la actuación de este cuerpo en Punta Arabí. Lo mismo hizo en relación a la Guardia Civil. Y negó que hubieran colaborado con Desokupa o que no hubieran comprobado que el contrato firmado entre esta empresa y la propiedad del complejo fuera legal. Roselló dejó también claro que ni el Ayuntamiento ni las fuerzas de seguridad conocían con anterioridad que Desokupa intervendría en el complejo para sacar de allí a los okupas, como ha sucedido esta semana.