Malos tiempos para la libertad

Esta semana, como entonces durante el estado de alarma, el todopoderoso jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, nos ha puesto los pelos como escarpias con un plan que, detrás del objetivo europeo común de evitar fake news difundidas de forma masiva, a través de medios mecánicos (bots) por potencias extranjeras que buscan desestabilizar el sistema democrático coincidiendo con momentos trascendentes, como se acreditó en las elecciones que ganó Trump, las del referéndum sobre el Brexit, el 1-O y en las pasadas elecciones presidenciales francesas, nos retrotrae a una suerte de censura política y usurpa funciones que hasta ahora correspondían en exclusiva a los jueces.

Lo primero que preocupa de la medida es que el Estado no tenga todavía un mecanismo suficiente para hacer frente a un evidente riesgo para la seguridad nacional. Daba por hecho que para ello ya teníamos al CNI y al Ejército.

Lo segundo, que la comisión recaiga en manos no solo de Redondo, sino también del secretario de estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el que censura las preguntas que le hacen los que pueden a Sánchez después de sus peroratas de Aló presidente.

Y lo tercero, que la redacción de la orden ministerial sea tan ambigua que de facto supone otorgar plenos poderes a ambos políticos para intervenir y cercenar el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución.

Es muy peligroso, amoral y profundamente antidemocrático que Oliver y Redondo, Redondo y Oliver sean los resp onsables de decidir qué es información y qué, desinformación.

Ante el aluvión de críticas basadas en el contenido literal del texto, una chapuza jurídica según los expertos consultados por los medios de comunicación nacionales, Moncloa está tratando de desactivar una bomba que está alimentada por peligrosos precedentes que se suman al del general de la Guardia Civil.

Tezanos incluyó, sin venir a cuento parecía, en uno de sus boletines una pregunta encaminada a sondear la opinión sobre la vuelta de la censura previa: «¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».

El plan monclovita nos retrotrae a la intervención de Pedro Sánchez en mitin en 2016 en Sevilla cuando reveló que las prioridades de Pablo Iglesias eran controlar a los jueces, fiscales, espías, policías y medios de comunicación.

Profecía que se está cumpliendo con precisión cirujana: reforma exprés y sin consenso para renovar el poder judicial con mayoría absoluta; la ex ministra de Justicia, Dolores Delegado, fiscal general; ceses de altos mandos de la Guardia Civil como Diego Pérez de los Cobos y Fernando Santafé; la vomitiva politización sin el mínimo rubor de Televisión Española; ahora una vía legal para controlar la información; y control del CNI.

Como ya he reproducido en alguna ocasión, perdóneme por la reiteración, las palabras de Jorge Dezcallar, primer civil al mando de los servicios de inteligencia de España y embajador en plazas pata negra, «si los españoles vieran por un agujero de la puerta el Consejo de Ministros, el país se vaciaría en cuestión de segundos», tienen toda la pinta de que merecen ser tenidas muy en cuenta.

Malos tiempos para la libertad individual cuando se hacen y dicen cosas de tipo, cuando el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, pide, sin ponerse colorado, entrar en los domicilios sin autorización judicial; cuando el Gobierno quiere imponer precios máximos al alquiler en lugar de poner vivienda pública de alquiler en el mercado; entre otras felonías.

El Govern de Armengol, el primero que debe ser monitorizado. Si lo que quiere el Gobierno es evitar fake news que intoxican y desinforman, lo primero que debería hacer es montar una delegación de la comisión de marras en alguna dependencia del Consolat de Mar. El día que no rectifiquen o cambien de versión, será noticia.

El último episodio conocido, un mensaje ambiguo y contradictorio sobre los controles en puertos y aeropuertos que hasta ahora habían sido desdeñados y descalificado aquel que osara pedirlos, obviamente porque el control de temperatura no sirve para nada, hasta ahora el punto nuclear de la estrategia. El anterior, los vaivenes sobre las matanzas del cerdo, primero solo para quien lo haya criado, después también comprado. El anterior del anterior, tres horarios diferentes de toque de queda en Ibiza en cinco días con tres argumentarios diferentes...

Plan o no plan. A la vista de la falta de rigor exhibida con desinhibición infantil, uno ya no sabe si es mejor que el Govern tenga un plan para controlar los accesos a través de puertos y aeropuertos o que no lo tenga y que sean otros los que nos resuelvan la papeleta.

Si Salud Pública no es capaz de redactar una norma sobre las matanzas, no me los quiero ni imaginar diseñando un plan para hacer pruebas PCR a todo aquel que venga sin ella hecha de casa, la mejor opción, mientras no sea una realidad la vacunación masiva.