La consellera de Salud del Govern balear, Patricia Gómez, ha señalado este lunes que la Dirección General de Consumo recibió en 2018 un total de 8.757 reclamaciones, 1.211 más que el año anterior, y ha asegurado que esto se debe a que ahora «hay consumidores más informados» que pueden registrar sus reclamaciones «por vía telemática».
Las 8.757 reclamaciones presentadas, 6.858 provienen de Mallorca, 757 de Menorca y 1.142 de Ibiza y Formentera; y, de estas, 1.732 se han registrado de forma telemática, frente a las 855 que se registraron usando esta vía en 2017.
«Se han duplicado las reclamaciones por vía telemática gracias a una administración más ágil con unos profesionales excelentes que luchan contra las prácticas abusivas y desleales de algunas empresas; y gracias a consumidores informados y exigentes con el consumo», ha explicado en rueda de prensa.
Asimismo, ha apuntado que en 2018 se han impuesto sanciones por valor de 1,7 millones de euros, frente a los 1,3 millones registrados en 2017, y ha subrayado que el sector con más reclamaciones «continúa siendo el de telefonía (2.181), seguido del transporte aéreo (1.657) y los servicios de ocio (633)».
En esta línea, el director general de Consumo, Xisco Dalmau, ha recordado que en 2018 se impuso la multa «más elevada de la historia de Baleares» a la compañía Iberia por «aplicar la cláusula abusiva 'no show'», en concreto, 448.000 euros. «Esta multa ya se ha cobrado, ahora pueden recurrir por vía judicial», ha añadido.
Dalmau ha especificado que Menorca es la «única isla» donde el sector con más reclamaciones es el aéreo, con 272, debido a «los problemas derivados de la conexión con Barcelona», ya que «solo hay una compañía que realiza esta ruta».
Además, ha insistido en que la reclamación telemática ha supuesto «una herramienta que se ha consolidado como un instrumento para el consumidor», ya que ahora «se pueden poner reclamaciones desde cualquier dispositivo móvil sin tener que desplazarse a las Oficinas de Consumo del Govern».
DESTINO DE LAS RECLAMACIONES
Por otro lado, ha indicado que estas reclamaciones suelen derivarse a otros organismos por motivos de competencias (30,84%), terminar con el traslado a la Junta Arbitral de Consumo (19,32%), sin un acuerdo (12,02%), desistimiento (7,6%), expedientes sancionadores (2,55%), inadmisiones (1,17), y traslados al servicio de inspección (0,78%), entre otros.
Asimismo, ha señalado que el año pasado la Junta Arbitral de Consumo recibió 1.705 solicitudes de arbitraje de los consumidores, un número «muy superior» a las 1.123 de 2017 y ha recordado que este es «un mecanismo extrajudicial gratuito y eficaz de resolución de conflictos».
En concreto, de las 1.705 solicitudes presentadas, 1.313 fueron de telefonía móvil, 47 de tiendas de muebles y 43 de servicios de correos. Asimismo, en 2018 se resolvieron 1.162 casos, 444 por mediación de la Junta y 718 por laudo de los árbitros de consumo.
Finalmente, el Servicio de Inspección de Consumo llevó a cabo en 2018 un total de 2.938 actuaciones de inspección; decretó 145 medidas cautelares e inmovilizó 81.875 unidades de productos. El volumen más importado de inmovilizaciones fueron los 31.142 de productos industriales, los 17.078 juguetes y las 16.758 unidades de 'squishy' y 'slime'.
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