La Asociación de Pozos recurre el decreto de sequía de Ibiza por perjuicios a empresas

Según informa en una nota de prensa Pimeef, que ha interpuesto el recurso en nombre de la asociación, también se ha solicitado la suspensión de varios artículos del decreto por el que se declara la situación de sequía extraordinaria en Ibiza y se adoptan medidas urgentes y excepcionales de gestión de los recursos hídricos.

Explica que la solicitud de la suspensión se basa en tres motivos: «asegurar la efectividad de la resolución judicial definitiva, la falta de apariencia de buen derecho dadas las numerosas infracciones en que incurre el decreto y la ausencia de perjuicio a los intereses generales frente al patente perjuicio que sí se ocasiona al sector de forma irreparable con la aplicación del decreto».

Detalla que el artículo 1 del decreto, que declara la sequía como «extraordinaria», contraviene lo dispuesto en el Plan Hidrológico de Balears y los estudios que señalan que la situación está dentro de los parámetros definidos como «prealerta».

El artículo 2 regula el ámbito territorial y lo ciñe a Ibiza y según la asociación, «no se ha justificado la excepción seguida para la unidad de demanda de la isla de Ibiza ya que, con los mismos datos, no se ha declarado sequía extraordinaria en Mallorca».

Añade que el artículo 3 regula los efectos de la declaración de sequía, que incluye la obligación de los distribuidores de agua de proveerse en las desaladoras entre octubre y mayo, mientras el artículo 5 declara que las medidas adoptadas no tienen carácter indemnizable.

«Vulneran la ley»

«Estos preceptos son nulos ya que vulneran la Ley de Aguas, el propio Plan Hidrológico de las Islas Baleares e, incluso, la legislación de expropiación forzosa», apunta.

Pimeef considera que el decreto causará «perjuicios de imposible o difícil reparación al sector al imponer modificaciones sustanciales de las concesiones para la explotación de los pozos a sus titulares sin la preceptiva y obligada indemnización», incumpliendo también el Plan Hidrológico y las leyes que exigen a la administración la indemnización de cualquier revisión de las concesiones administrativas.

Las medidas impuestas por el decreto suponen «la confiscación de los derechos de los titulares de los pozos y la imposición forzosa a los concesionarios de agua de la obligación de adquirir el agua desalada al único proveedor», que es la empresa pública Abaqua.

Enfatiza que estas medidas, que apenas tendrán efectos sobre la recuperación de los acuíferos, supondrán unos perjuicios que llevará a los empresarios «al cierre», ya que solo transportan el 1,77% del agua consumida en la isla.