Ninguna administración balear cumple con la obligación de contratar el 2% de discapacitados

Ninguna administración de Balears cumple con la ley que desde 1982 establece que el 2 por ciento de los empleados públicos deben ser discapacitados, aunque el Govern y el Ayuntamiento de Palma son las instituciones que más han avanzado en esta materia en los últimos años.
Así lo ha destacado en declaraciones a EFE el presidente de la Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física (Asprom), Manuel Zafra, quien estima que en la administración autonómica el volumen de discapacitados empleados representa algo menos del 1 por ciento del total de trabajadores.
En cuanto al consistorio de la capital balear, 38 de sus 2.506 trabajadores, el 1,5 por ciento del total, son personas con algún grado de discapacidad, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento.
No obstante, Zafra se queja de las trabas que ponen muchas instituciones para contabilizar cuántos trabajadores discapacitados tienen a su cargo y recuerda que las administraciones y empresas públicas tienen la obligación de reservar para su colectivo al menos un 5 por ciento de las plazas en las convocatorias de oposiciones.
Al margen de este deber, que en general cumplen conselleries, consells insulars y ayuntamientos pero casi nunca las empresas públicas, la Ley de Integración Social de los Minusválidos obliga a los poderes públicos a contribuir a la formación de los discapacitados para alcanzar el objetivo del 2 por ciento, que sigue lejos de poder cumplirse 28 años después de proclamarse.
Según los datos que ha podido recabar EFE, facilitados por la Conselleria de Interior, en los servicios generales del Govern trabajan 168 discapacitados, entre funcionarios (70), laborales (55) e interinos (43), lo cual representa el 3,1 por ciento de los 5.300 trabajadores de este área de la administración autonómica.