S. Parra25/09/09 0:00
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Tras años de negociaciones, cambios y disputas sobre la nueva depuradora de Vila, la nueva planta potabilizadora empezará a ser una realidad antes de que finalice diciembre. Así al menos lo apuntó ayer el concejal de Medio Ambiente de Vila, Joan Rubio, durante el pleno municipal celebrado ayer.

Ante las críticas del concejal del PP Antoni Prats por la tardanza y la falta de acuerdo respecto a esta instalación, el edil del equipo de gobierno afirmó que «se está trabajando en detallitos y el proyecto se iniciará antes de final de año».

Rubio, que explicó que los «detallitos» se darán a conocer «cuando las cosas estén decididas», ya había asegurado minutos antes: «Tendremos una depuradora, que seguramente será rápida, dependiendo del tiempo que tardemos en hacer el proyecto y la ejecución, pero ya estamos en ello».

El regidor, que resaltó que «hay técnicos de Madrid que están trabajando en ello», apuntó que los planes de las Administraciones «no sólo incluyen la depuradora, sino también el ciclo del agua, tanto desde cuando sale del municipio como cuando baje, y el uso que se le da». «Y en todo esto ya se está trabajando y lo veremos dentro de poco».

Parkings disuasorios

Otro de los asuntos sobre los que versó el pleno e, igualmente, a propuesta del Partido Popular, fue el funcionamiento de la línea de autobús que ha conectado los aparcamientos disuasorios con el centro. El edil Alejandro Marí habló de «sensación de fracaso» entre ciudadanos y comerciantes «por un uso de recursos que no ha aportado lo que se esperaba».

El concejal de Comercio, Vicent Ferrer, apuntó que la medida es «una prueba piloto», adoptada «de urgencia» y negó las críticas de los propietarios de negocios. «Estaba previsto que finalizara el día 15 y la hemos ampliado hasta el 30 a petición de los comerciantes», aseguró.

El edil explicó que la medida ha tenido un coste de 2.800 euros a la semana (incluyendo vigilancia y el aseo de es Gorg) y que hasta el pasado domingo había tenido 5.578 usuarios. Además, afirmó que, según estimaciones de la Policía Local, había evitado la entrada en el centro urbano de unos 3.000 vehículos.

Ante estos datos, Marí recriminó que «el servicio ha costado unos 36.000 euros para transportar a unas ocho personas a la hora, lo que supone unos siete euros por persona». «Con ese dinero se podía haber pagado un taxi y ofrecer un servicio de lujo», añadió.