Los presupuestos del Consell para 2009 recibieron ayer la aprobación inicial en pleno con el apoyo previsto de la mayoría progresista y la oposición del PP, que incluso pidió su retirada por «no ajustarse a la legalidad». Durante el debate de ayer en la institución insular, el redactor de las cuentas públicas y defensor de las mismas, el conseller de Programació Econòmica, Tomás Méndez, anunció que fuera de los 102 millones de euros presupuestados, la Administración ibicenca espera la arribada de 27 millones más.
Méndez afirmó que este dinero llegaría en forma de una dotación de 17 millones provenientes de los 400 millones de financiación estatal para Balears y que no entran dentro de los 35 millones de la partida presupuestada como transferencias del Estado. «El dinero se destinará a reconvertir zonas turísticas, sacar nuevos productos turísticos y a apoyar a Santa Eulària para el Palau de Congressos pueda salir adelante antes que el de Palma, nuestro principal competidor», apuntó el conseller.
Los 10 millones restantes corresponden a la reforma de la financiación de los consells insulares que debe acordarse el próximo año. «Tenemos fundadas esperanzas de que llegue este dinero porque estamos gestionando gran parte de las competencias del Govern y por eso hemos hecho una formulación para pedir el incremento en la dotación de las transferencias de 10 millones», explicó Méndez, quien añadió que el Govern «está de acuerdo con esta cantidad, aunque nos han dicho que habrá que negociar».
«La residencia de Cas Serres es para nosotros un agujero negro porque supone cuatro millones adicionales de gasto y significa que no podemos hacer otras inversiones», explicó Méndez. Igualmente, la dotación del Govern para transportes es de dos millones y los gastos reales son de dos millones más, añadió.
Nada firmado
El PP se opuso a la propuesta de cuentas públicas e, incluso, el portavoz de los populares, Pere Palau, defendió que faltan documentos imprescindibles para dar validez y cumplir con los requisitos fijados para la contabilidad de las instituciones, motivo por el que consideró que «son presupuestos que no se ajustan a la legalidad y por eso deben ser retirados».
Entre los reproches a las cuentas figura el hecho de que muchas inversiones que tienen que llegar y están presupuestadas todavía no han sido plasmadas en convenios con el Govern o el Ejecutivo central. «No dudo que realmente haya esa intención pero no vemos que haya compromisos concretos, no vemos convenios firmados», afirmó Palau.
El líder popular también lamentó que los 2.800 millones de euros de financiación que debían llegar del Estado para compensar el déficit en infraestructuras, «antes se dijo que eran partidas adicionales y ahora nos dicen que es todo lo que se invertirá en siete años». «Si ahora pasa eso y vamos descontando las inversiones realizadas o previstas, puede que acabemos debiéndoles algo», declaró.
Mientras el conseller Méndez reiteró que los presupuestos son «austeros y sociales», encaminados a lograr un «cambio» en la forma de gestión, Palau criticó que son presupuestos «que no fomentan el consumo, ni el empleo y sin traspaso de competencias»
La oposición también criticó la falta de contención del gasto corriente para el funcionamiento de la institución y puso en duda que se pueda cumplir la programación de inversiones propuesta.
«La partida para el Plan de Obras y Servicios y la de transferencias a ayuntamientos caen y me pregunto si los 11 millones para carreteras serán suficientes para las expectativas creadas de reforma de las vías de Santa Eulària, Sant Miquel, Sant Joan o la variante de Jesús», dijo el líder popular, quien cuestionó los 1,2 millones para la reforma de Platja d'en Bossa, la bahía de Sant Antoni o la segunda fase del Palau de Congressos.
Méndez defendió que muchas actuaciones son plurianuales y se firmarán en 2009 los convenios que las garanticen. Respecto al caso concreto de la partida para la mejora de la oferta turística complementaria, el conseller alegó que se trata de fondos para la redacción de proyectos y no para la ejecución directa de las obras.
Respecto al gasto de personal, mientras Méndez dijo que se ha ajustado al mínimo comprometido legalmente, Palau reclamó menos altos cargos y personal de confianza.
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