L. Aversa25/11/08 0:00
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El empresario Abel Matutes declaró ayer que su grupo de empresas fue «el más perjudicado por las expropiaciones de la carretera al aeropuerto» y negó que la Conselleria d'Obres Públiques le demande el pago de dos millones de euros en compensación por haber cobrado el metro cuadrado de tres terrenos expropiados a precio de suelo urbano y no como rústico, que es la clasificación que les corresponde según la conselleria y el Ayuntamiento de Sant Josep. «No hay ningún expediente abierto ni nos han requerido la devolución de ningún dinero», destacó el jefe de asesoría jurídica de empresas Matutes, Ignacio Rosa, que compareció en rueda de prensa junto al empresario.

Sin embargo, desde Obres Públiques insistieron que Matutes tiene tres expedientes abiertos por tres terrenos en Platja d'en Bossa que en su momento se valoraron y pagaron como urbanos, (90 euros el m2) pero que en realidad son rústicos, por lo que su valor es de 9 euros el m2.

Esto ocurre, destacaron desde el Govern, porque con la finalización de las autovías se ha procedido a cerrar los acuerdos con los expropiados y, durante este proceso, en algunos casos como el de Matutes, se habían valorado como un tipo de suelo, en este caso, urbano, que en realidad tienen otra calificación.

En este sentido, Matutes aseguró que en ningún caso ha pedido que sus terrenos «fueran declarados urbanos, salvo que en aquellos casos que efectivamente lo son» y que si durante el proceso «aparecen parcelas que ellos [la conselleria] habían calificado de urbanas y fuesen rústicas se deberá hacer una compensación. «Pero hasta ahora reclamación formal no se ha hecho ninguna», apuntó.

Por otra parte, el empresario acusó a Obres Públiques de pretender pagar de menos por una de sus fincas expropiadas, Can Bonafé, que tiene carácter urbanizable, según señaló. «La valoración que ha ofrecido hasta ahora la Conselleria es de 60 euros el metro cuadrado, lo que es inaceptable, entre otras cosas, por el trato discriminatorio que supondría para este grupo porque los propietarios colindantes, cuyas fincas tienen idénticas características y están incluidas en el mismo plan parcial, ya han cobrado por sus fincas expropiadas, en firme y de acuerdo con la Conselleria, a razón de 150 euros el metro cuadrado», aseguró Matutes, para quien esta diferencia tiene que ver «con el hecho de que entre los beneficiarios se encuentre, Pere Casetes, representante de ExC y senador por Eivissa y Formentera». En este sentido, Obres Públiques señaló que todo el mundo se le aplica «el mismo rasero» así como desde el Ayuntamiento de Josep destacaron que el plan parcial al que se refiere Matutes «no está ni desarrollado ni aprobado».

«Persecución»

Por su parte, el empresario acusó a la conseller Albert Prats de estar detrás de los pagos a las expropiaciones porque, según señaló, «fue él quien habló con la conselleria para que a nosotros nos pagasen menos y a los que estaban pagados más del doble les dejasen así como estaban». Para Matutes, ésto «constituye una prueba más de la persecución política» a su grupo de empresas.

Abel Matutes acusó también ayer al Ayuntamiento de Sant Josep de sobreexplotar unos pozos de su compañía, la sociedad Aguas de Ibiza. «Ha puesto una potabilizadora en la boca de salida del pozo que manda agua dulce hacia las zonas de Platja d'en Bossa y Sant Jordi, y luego manda salmuera a la depuradora de Sant Jordi que por eso no funciona y huele tan mal, a pesar de que estemos en baja temporada», acusó el empresario para quien esto está provocando la salinización de «todos los acuíferos de los alrededores», lo que calificó como «un posible delito ecológico». «No veo que al conseller de Medi Ambient (Albert Prats) esas cosas le preocupen en absoluto», apuntó el empresario.

Por su parte, desde el Consistorio destacaron que los informes de Medi Ambient «dicen que no hay peligro de contaminación ni de salinización, y que de hecho, la conselleria da permiso para que se extraiga agua».