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RUIZ COLLADO/J. J.S. El Govern anunció ayer que la privatización de la naviera estatal Trasmediterránea conlleva un peligro latente para los intereses económicos y de los ciudadanos de las Illes Balears dado que los nuevos propietarios actuarán con criterios empresariales y de rentabilidad. «La privatización no debe implicar abandonar las competencias administrativas y para evitar que suceda lo mismo que con Iberia reivindicaremos la declaración de obligatoriedad de servicio público en el tráfico marítimo, puesto que es la única forma de garantizar el servicio público al margen de la mera rentabilidad económica», señaló ayer el conseller d'Obres Públiques, Transports i Habitatge, Francesc Quetglas.

El conseller afirmó que la privatización se ha realizado con «agosticidad (en alusión al periodo vacacional) y alevosía, y al estilo argentino, puesto que en todas las privatizaciones realizadas hasta la fecha siempre ha aparecido algún amigo del presidente del Gobierno, José María Aznar». Anteayer, el organismo estatal SEPI adjudicó la naviera Trasmediterránea al consorcio empresarial liderado por el Grupo Acciona, en el que participan la CAM y el grupo ibicenco Matutes, así como las navieras Armas y Aznar.

El president del Govern, Francesc Antich, señaló que la venta de la «Tras» le preocupa al Ejecutivo autonómico porque afecta a «un territorio insular» y en consecuencia el transporte marítimo «es mucho más que una contabilidad, es una necesidad». El vicepresidente del Govern, Pere Sampol, agregó a las palabras de Antich que anteriores experiencias en materia de privatización cuando han afectado a compañías de transporte aéreo se han traducido en «disparar las tarifas». Desde patronales y sindicatos también se expresó ayer una seria preocupación por el futuro de la naviera. Mariano Izquierdo (CC OO-Transportes) avanzó que analizará el expediente para ver si ha habido algún indicio de amiguismo.

La PIMEM reiteró al Govern su petición de que reclame ante los tribunales el cumplimiento de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998, que incluía la declaración de servicio público de las rutas interislas, así como el desarrollo del Régimen Especial para Balears. Por su parte, la CAM avanzó que aplicará las últimas tenologías para la venta de billetes.