10 años sin camping

La movilización comenzó a fraguarse a finales de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia dio el plazo de un mes al Ayuntamiento para que concediera la licencia municipal a los promotores del camping, la empresa Formentera Club S. A., cuyo proyecto preveía más de mil plazas en ese paraje, algo que afectaba seriamente a los intereses de los habitantes de la isla. La oposición del Consistorio a dar la licencia había sido sistemática y se basaba en que el camping se iba a instalar en una zona considerada no urbanizable que estaba afectada tanto por la ley de Espacios Naturales (LEN) como por la ley de Costas. A juicio del TSJ, la actuación municipal era un caso de «desobediencia deliberada». Formentera Club disponía de la declaración de interés social otorgada por la Comisión Provincial de Urbanismo. Pese al ultimátum, los ediles siguieron en sus trece: estaban dispuestos a dimitir con tal de no dar el permiso. Los partidos cerraron filas: por primera vez en la historia moderna coincidían en un tema.

El 13 de abril el Ayuntamiento celebró un pleno en el que por unanimidad se aprobó recurrir la decisión del TSJ. Mientras, una coordinadora de entidades cívicas organizaba la manifestación que se celebraría el 26 de abril. El número de participantes no queda muy claro en los artículos al respecto que publicaron los dos diarios locales de entonces: para La Prensa de Ibiza, alrededor de 1.500 personas partieron de La Savina a Sant Francesc, y desde este núcleo a es Ca Marí, donde se celebró una fiesta, con torrada y actuaciones (como la de Aires Formenterencs); para 'Diario de Ibiza' la marcha de cinco kilómetros congregó a «más de mil personas». A pesar de esa respuesta ciudadana, los promotores no se desanimaron: el camping se construirá aunque hubiera que «llevar a la Guardia Civil», dijo uno de sus responsables, Luis Carola.

Los que pagaron un alto precio porque el camping y la edificación de 3.500 metros cuadrados anexa no se construyeran fueron los ediles que se opusieron a dar la licencia, ya que en 1996 fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos (el Gobierno denegó el indulto en marzo de 1999). La inhabilitación recayó sobre los socialistas Bartomeu Ferrer Marí, alcalde en la época de los hechos, y Bartomeu Ferrer Mayans, y los miembros del GUIF Antoni Serra Colomar (ex alcalde y alcalde de nuevo en la época de la sentencia) y Eduardo Ferrer Ferrer. Por lo que respecta a Ferrer Marí, la inhabilitación ya ha finalizado, ya que en la época en que salió la sentencia ya no era alcalde ni concejal y han transcurrido los seis años prescritos; Ferrer Mayans renunció en el pleno de marzo de 1996, por lo que el mes pasado se extinguió su inhabilitación. Antoni Serra y Eduardo Ferrer renunciaron en el pleno celebrado el 20 de noviembre 1996, por lo que aún les restan unos meses de inhabilitación.