Milena Herrera06/02/02 0:00
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Los servicios jurídicos del Consell Insular presentaron a mediados de enero un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma por la que se consideraban legales cinco licencias concedidas por el Ayuntamiento de Sant Joan para la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares. La institución defiende en dicho recurso, que tendrá que ser resuelto por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que «la ilegalidad del otorgamiento de las cinco licencias y la incorrección de la sentencia apelada deriva del hecho de que, como el propio Ayuntamiento de Sant Joan ha señalado, el suelo correspondiente a la zona de Benirràs es suelo urbanizable, no suelo urbano».

Los servicios jurídicos argumentan que, según el Reglamento de Gestión Urbanística, si los terrenos no están totalmente urbanizados sólo se puede construir si se cumplen una serie de requisitos que dan a un terreno a la calificación de solar. Y en Benirràs no se puede considerar que los terrenos sean solares porque no existen todas las infraestructuras precisas, las efectuadas no han sido concluidas y, además, las ejecutadas se encuentran en un estado deplorable de conservación y mantenimiento.

Otra línea argumental utilizada en el recurso viene a señalar que tanto el Ayuntamiento de Sant Joan como la sentencia dictada en noviembre del año pasado han olvidado que la zona en la que se pretenden construir las cuatro nuevas viviendas unifamiliares (la quinta ya ha sido ejecutada) está dentro de una «categoría especialísima» al haber sido declarada área de especial protección de las Islas Balears, concretamente Àrea de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI).

También se hace referencia a la norma cautelar que aprobó el Govern para proteger determinados puntos del municipio de Sant Joan -incluido Benirràs- mientras se redacta el Plan Territorial Insular. «n el supuesto de que la Sala no revocase la sentencia «se estarían permitiendo actuaciones ambientalmente insostenibles, faltas de servicios y con el peligro de transformar irreversiblemente la zona», se señala en el texto presentado.