El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio para
conocer la situación en la que se encuentra la Oficina de
Extranjería de la Dirección Insular de la Administración General
del Estado de Eivissa. La precariedad de medios materiales de la
Oficina de Extranjería, según las denuncias llegadas a la
institución, es uno de los motivos que ha determinado la
investigación ya que «no se reciben los listados en los que figuran
las resoluciones de los expedientes que afectan a los inmigrantes».
En las quejas recibidas se afirma que se «están produciendo
sensibles retrasos en conocer un dato fundamental para estas
personas como es la propia concesión de permisos de trabajo y
residencia». En el escrito remitido ayer por el Defensor del
Pueblo, se recoge que la situación ha adquirido tales dimensiones
que «algunos interesados sólo han podido recibir información sobre
su expediente trasladándose hasta la sede de la Delegación del
Gobierno en Palma». Asimismo, se menciona que entre la Delegación
del Gobierno y la Dirección Insular «no se permite informar de
manera adecuada a los usuarios y atenderlos de manera directa en la
realización de determinados trámites». Una situación que está
provocando «un incremento de la carga de trabajo en la ya saturada
oficina de extranjería de la Delegación del Gobierno, lo que
redundará en una pérdida de eficiencia y en un deterioro del
servicio».
La adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha
pedido a la Delegación del Gobierno un informe donde se detalle el
número de expedientes de regularización en curso, la fecha de
entrada de los últimos que han sido resueltos y el tiempo medio de
respuesta, las fórmulas de comunicación interna entre la Delegación
y la Dirección Insular de Eivissa y los planes que han previsto
para hacer frente a la saturación que «según se afirma, padece la
oficina de extranjeros de la Delegación del Gobierno y para mejorar
la información y el apoyo que pueda prestarse desde la Dirección
Insular de Eivissa».
El CITE denunció en la reunión de la Plataforma por la
Convivencia, celebrada el día 17 en Eivissa, el estancamiento del
proceso de regularización de extranjeros no comunitarios que
ocasiona que se resuelvan antes los expedientes de Mallorca que los
de las Pitiüses.
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