El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reducido al mínimo la concesión
de licencias de obra, según explicó ayer el concejal progresista
Carlos Salinas, quien considera que esa medida es fruto del «temor»
del equipo de Gobierno a que el informe solicitado a un jurista
sobre la legalidad del Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU)
sea negativo. Para evitar indemnizaciones y problemas legales
posteriores, los responsables del Consistorio estarían, según
Salinas, actuando «con mucha cautela» a la hora de conceder
licencias de obra, hasta el punto de que varios promotores se han
puesto en contacto con los progresistas para expresarles sus
temores al respecto.
Esa paralización de los expedientes urbanísticos es perceptible
en los presupuestos elaborados por los populares para 2002, en los
que se prevé un descenso del 31'6 por ciento, aunque la
justificación ofrecida por el equipo de Gobierno es bien distinta:
ese descenso tan acusado es consecuencia de la paralización de la
construcción por el devenir económico y por la aplicación de las
moratorias. Según Salinas, si antes se despachaba en cada Comisión
de Gobierno una media de 20 licencias, en la última sólo se dio el
visto bueno a tres, y todas ellas con la aprobación previa de la
Comisión Insular de Urbanismo (CIU). El concejal se sorprende de
que, incluso, el Consistorio «deniegue» ahora licencias.
En la comisión informativa celebrada ayer, el interventor
«reconoció» que los ingresos previstos para 2002 se podrían
triplicar si se aprobaran los numerosos expedientes que fueron
presentados a lo largo del año y cuya tramitación ha sido
paralizada. La mayor parte ha pasado por los servicios técnicos y
sólo están pendientes del beneplácito de los políticos, al parecer
reticentes hasta que existan garantías de que la aplicación del
PDSU no acarreará problemas.
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