La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luis Cava de
Llano, manifestó ayer la «discrepancia» de esta institución con la
nueva negativa del ministro de Fomento, Francisco Àlvarez-Cascos, a
declarar de interés público el transporte aéreo en Balears. Esta
polémica, que avanzó ayer la Cadena Ser, fue confirmada por Cava de
Llano.
La contestación del ministro a un informe emitido por la Oficina
del Defensor del pueblo, que abrió una investigación de oficio
sobre el tema, se fundamenta en argumentos como que la oferta
actual por parte de tres compañías aéreas cubre la demanda
existente y en que, si bien han descendido el número de vuelos
semanales (de 524 en 2000 a 455 en 2001), ha aumentado el número de
plazas por avión, al utilizar reactores en ver de turbohélices.
María Luisa Cava de Llano señaló ayer que si la Oficina del
Defensor de Pueblo abrió una investigación fue porque consideraban
que no se está cumpliendo la Ley de acompañamiento de los
presupuestos del Estado de 1997, en la que quedaba declarado el
interés público para las líneas aéreas que operan con Balears y
Canarias. «Esta ley no está derogada», remarcó Cava de Llano, por
lo que creen que es «una obligación legal que se cumpla».
El ministro de Fomento asegura además en la contestación al
Defensor del Pueblo que no cierra del todo su negativa a la
declaración de interés público ya que asegura que controlará la
actividad y las conexiones de las compañías aéreas. Esta respuesta
no tranquiliza, ni mucho menos, a la adjunta al Defensor del
Pueblo, que asegura que los ciudadanos «no pueden estar a expensas
de los criterios económicos y de rentabilidad de las compañías
aéreas». Además, la percepción de los usuarios «no es la de estar
recibiendo un buen servicio», recalcó Cava de Llano, y así lo
expresará en una carta de contestación al Ministerio de
Fomento.
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