La responsable de la oficina de atención al inmigrante de CC OO,
Carmen Duarte, denunció ayer que han recibido numerosas quejas de
inmigrantes 'ilegales' -que ya pueden regularizar su situación-
«por las dificultades y trato discriminatorio que han recibido en
algunas instituciones pitiusas».
El problema más grave se da en el registro de empadronamiento
del Ayuntamiento de Sant Antoni. Duarte explica que «aunque los
funcionarios saben que ha salido un Real Decreto por el cual deben
empadronar a todos los extranjeros, aunque sean ilegales, cuando
uno de ellos acude a esta oficina ponen pegas o piden papeles que
no son necesarios». Antes debían presentar un permiso de
residencia, pero ahora ya no se exige este requisito, «por lo que
los funcionarios de ayuntamientos no tienen que preguntar si eres
legal o no legal para inscribirte en el registro», denuncia.
Carmen Duarte asegura que las quejas por el trato vejatorio no
son algo reciente en Sant Antoni, donde no sólo han recibido
protestas de extranjeros no comunitarios sino también de
comunitarios. Por ello, CC OO exige a la Administración y a los
funcionarios, «que son los que dan la cara», que pongan en vigor no
sólo la letra de la recién aprobada Ley de Extranjería «sino el
verdadero espíritu del documento, facilitando al máximo todas las
gestiones».
Otra de las instituciones que no está favorenciendo a este
colectivo es la Dirección Insular de la Administración del Estado
en Eivissa, «donde nunca hay impresos suficientes para solicitar
los permisos de trabajo y residencia », asegura Duarte. Con la
regularización va a haber una gran cantidad de gente interesada en
conseguir estos papeles por lo que CC OO espera que esta situación
cambie.
Las dificultades impuestas a la hora de empadronarse suponen,
por ejemplo, la imposibilidad de acceder a una tarjeta sanitaria
del Insalud. Este organismo ha dictado una resolución para
facilitar asistencia sanitaria a todos los inmigrantes empadronados
con suficientes recursos económicos, para todos los menores de 18
años, las embarazadas y todos aquellos que necesiten servicios de
urgencias. «Si no facilitan los trámites en lugares como Sant
Antoni, ¿cómo van a poder acceder a la asistencia sanitaria o a los
servicios de un abogado de oficio que la ley les está dando?», se
preguntaba ayer Carmen Duarte.
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