El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, explicó que el puerto está ocupado por las embarcaciones de tráfico comercial y de dos marinas deportivas, por lo que el sector náutico recreativo de Formentera no tiene suficiente espacio y destacó que la APB ha comunicado que no prorrogará la concesión a una de las marinas, por lo que a partir de 2018, que es cuando termina su concesión, se podría contar con un espacio para el sector náutico local.
El PP, no obstante, criticó al equipo de gobierno que hubiera «eludido sus responsabilidades durante diez años» en el fondeo en s’Estany des Peix y la mejora de la zona terrestre de la Savina.
Por otra parte, ayer también se aprobó una modificación del presupuesto vigente de la máxima institución insular que supondrá la incorporación de 9,7 millones de euros procedentes del remanente. La propuesta del equipo de gobierno, que contó con la abstención de los partidos de la oposición, servirá para comprar la finca de sa Senieta por 2,5 millones de euros (aunque el Govern financiará con un millón a través del impuesto sobre el turismo sostenible, las reformas por valor de 1,4 millones de las calles Guillem de Montgrí y Valencia en Sant Ferran, el pago de 1,55 millones de la responsabilidad patrimonial por la concesión de la licencia en 2005 para la construcción de los locales comerciales de Ca ses Castellones, además de 1,7 millones para liquidar créditos del extinguido Consorcio Formentera Desenvolupament.
El equipo de gobierno también tiró hacia adelante, con la abstención de los grupos de la oposición, la compra del inmueble de sa Senieta, incluido en el catálogo del patrimonio cultural de Formentera, por 2,5 millones de euros. A partir de ahora, la máxima institución insular deberá definir los usos concretos que se le darán a este espacio, aunque en todo caso siempre serán culturales o patrimoniales. «El alto valor histórico de esta casa, su singularidad y la ubicación estratégica dentro del núcleo urbano de Sant Francesc hacían altamente aconsejable su compra y seguir así con la política de recuperación de nuestro patrimonio», destacó el equipo de gobierno.
Los ‘populares’ se abstuvieron en la votación porque consideran que existen otras prioridades medioambientales antes que la compra de esta edificación.
Otra de las propuestas que obtuvo el visto bueno del pleno fue la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ocupación de vía pública que servirá, según la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer «encontrar el equilibrio entre el uso que hacen de los espacios públicos los empresarios, restauradores y hosteleros para ejercer su actividad particular, con el interés público de la sociedad, de forma que la ocupación de la vía pública se realice con la menor interferencia en los intereses generales de los ciudadanos». Entre las modificaciones aprobadas están la obligación de tener abiertos los establecimientos al menos entre el 15 de mayo y el 15 de octubre para obtener la licencia de terraza, ya que la intención del Consell es incentivar la apertura de negocios para alargar la temporada.
La propuesta fue aprobada con los votos de los consellers de Gent per Formentera y el PP, y la abstención de los socialistas y Compromís.
Ordenanza de horarios
También se dio luz verde ayer a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de los horarios de amenización musical que servirá, según Alejandra Ferrer, para «asegurar la tranquilidad y convivencia con los vecinos tras el incremento de actividades de ocio nocturno que ha habido en determinadas zonas urbanas». Según la nueva regulación, el horario de los establecimientos de ocio nocturno situados en las zonas residenciales de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola, se verán reducidos. Los que hasta ahora cerraban a las 6 de la mañana tendrán que hacerlo a las 4, y los que hasta ahora cerraban a las 4 deberán cerrar sus puertas a las 3 de la madrugada.
Además, se ha añadido el artículo 20 que «permite que el Consell haga reducción puntual de horarios siempre de forma motivada y con los informes técnicos pertinentes».
Los consellers de GxF y Compromís votaron a favor de esta propuesta mientras que PSOE y PP se abstuvieron. Los ‘populares’ justificaron su voto señalando que la nueva normativa es «restrictiva», apuntó José Manuel Alcaraz.
Por último, también se aprobó por unanimidad una proposición del PP relativa a la instalación de reductores de velocidad en la zona del colegio Mestre Lluís Andreu.
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