Editorial

Lluc Tomàs no podía evitar la dimisión

18/11/08 0:00

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a tres años de cárcel y ocho años de inhabilitación para desempeñar un cargo público al actual alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, del Partido Popular, junto con su aliado en el Ajuntament y el ex edil de la Agrupación Social Independiente, Joaquín Rabasco, al que se le adjudican hasta seis años de prisión. El fallo, que la defensa del alcalde ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo, confirma la existencia de una trama por la que desde el Ajuntament de Llucmajor que presidía Tomàs se abonaron un millón de euros a diversas empresas vinculadas a Rabasco, entre los años 1999 y 2002, según la denuncia formulada por el entonces concejal del PSOE Juan José Maestre.

A la vista del pronunciamiento de los jueces, la dimisión de alcalde de Llucmajor era una decisión perentoria que se ha materializado, no tenía otra salida. La localidad mallorquina no podía tener al frente de su Consistorio un político sobre el que pesan tan graves acusaciones y penas, la gestión municipal, irrenunciable, no puede quedar lastrada por esta severa condena de la Audiencia Provincial, aunque ésta vaya a ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En este sentido resultan lamentables las excusas de la portavoz del PP, Catalina Soler, escudándose en la falta de firmeza de la sentencia para eludir la petición de dimisión y suspensión de militancia de Tomàs, unas precauciones -conviene recordarlo- que no se tomaron en otros casos como los de Rodrigo de Santos o Gálvez, sobre los que todavía no hay ninguna sentencia dictada.

En todo caso, cabe esperar el efecto ejemplarizante de lo ocurrido en Llucmajor: para detentar el poder no vale cualquier alianza, con cualquiera y a cualquier precio.