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Si había una idea clara en la lucha contra el terrorismo, ésta era la necesidad de mantener la unidad de los demócratas contra el fascismo etarra. Una unidad que pocas veces hemos tenido oportunidad de vislumbrar, especialmente desde que el PP cuenta con una mayoría absoluta que le permite prescindir del apoyo que antaño le brindaron los nacionalistas, y que quedó seriamente dañada con la firma del pacto antiterrorista PP-PSOE, dejando fuera a partidos importantes en este ámbito, como el PNV. Ahora una nueva «piedra» viene a dificultar el camino de esa larga guerra sin cuartel contra el terror. Se trata de la Ley de Partidos cuyo proyecto acaba de aprobar el PP sin contar con el beneplácito del resto de formaciones políticas y con la única finalidad de prohibir la existencia legal de Batasuna, en vista de que sus líderes se dedican reiteradamente a lanzar vivas a ETA.

El mayor «pero» a esta reforma es el intento de criminalizar planteamientos políticos, porque delitos como la apología del terrorismo o la colaboración con banda armada están ya tipificados en el Código Penal y de ellos puede ser acusado cualquier ciudadano, sea político o no, en caso de sospechas fundadas. De ahí que ilegalizar toda una formación política que participa en el juego democrático con idénticos métodos que las demás puede resultar contradictorio. Pese a ello, el Gobierno "ante la desfachatez de los radicales" entiende que cualquier instrumento político destinado a desmembrar el entramado del terrorismo puede resultar válido, aunque en un caso delicado como éste hay que exigir que se lleve a cabo con espíritu de consenso, porque de otra forma se corre el riesgo de que el entorno de los violentos adquiera un aura de victimismo que no hará sino favorecer la violencia callejera y, en última instancia, un aumento feroz de los crímenes etarras.