Si había una idea clara en la lucha contra el terrorismo, ésta
era la necesidad de mantener la unidad de los demócratas contra el
fascismo etarra. Una unidad que pocas veces hemos tenido
oportunidad de vislumbrar, especialmente desde que el PP cuenta con
una mayoría absoluta que le permite prescindir del apoyo que antaño
le brindaron los nacionalistas, y que quedó seriamente dañada con
la firma del pacto antiterrorista PP-PSOE, dejando fuera a partidos
importantes en este ámbito, como el PNV. Ahora una nueva «piedra»
viene a dificultar el camino de esa larga guerra sin cuartel contra
el terror. Se trata de la Ley de Partidos cuyo proyecto acaba de
aprobar el PP sin contar con el beneplácito del resto de
formaciones políticas y con la única finalidad de prohibir la
existencia legal de Batasuna, en vista de que sus líderes se
dedican reiteradamente a lanzar vivas a ETA.
El mayor «pero» a esta reforma es el intento de criminalizar
planteamientos políticos, porque delitos como la apología del
terrorismo o la colaboración con banda armada están ya tipificados
en el Código Penal y de ellos puede ser acusado cualquier
ciudadano, sea político o no, en caso de sospechas fundadas. De ahí
que ilegalizar toda una formación política que participa en el
juego democrático con idénticos métodos que las demás puede
resultar contradictorio. Pese a ello, el Gobierno "ante la
desfachatez de los radicales" entiende que cualquier instrumento
político destinado a desmembrar el entramado del terrorismo puede
resultar válido, aunque en un caso delicado como éste hay que
exigir que se lleve a cabo con espíritu de consenso, porque de otra
forma se corre el riesgo de que el entorno de los violentos
adquiera un aura de victimismo que no hará sino favorecer la
violencia callejera y, en última instancia, un aumento feroz de los
crímenes etarras.
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