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La querella presentada ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de prevaricación contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que pusieron en libertad bajo fianza a un narcotraficante que se dio a la fuga ha dado una nueva vuelta de tuerca a la confusa situación del sistema judicial español. Algo chirría en ese ámbito que muchos consideran intocable, como es la Justicia. Si bien ha quedado más que claro, y con el consiguiente escándalo, que hubo una gravísima negligencia en la actuación de estos tres magistrados, parece difícil que se les pueda condenar por un delito de prevaricación, salvo que se aporten pruebas contundentes.

Por otra parte, habría que preguntarse si no hay en todo este asunto un trasfondo de revancha por parte de los fiscales contra unos jueces que, en demasiadas ocasiones, actúan de forma prepotente, despreciando las recomendaciones de la Fiscalía.

Se trata de la primera ocasión en que la Fiscalía se querella contra un tribunal y no se trata de una medida poco importante, pues el delito de prevaricación "dictar una resolución injusta a sabiendas" podría ser sancionado con la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.

Quizá la decisión que adoptaron en su día de dejar libres a destacados dirigentes abertzales detenidos por el juez Garzón también tenga algo que ver ahora. No cabe duda de que ha sido una sala polémica que ha tenido actuaciones que no han sido comprendidas por la opinión pública. Al dictar determinadas sentencias o autos, que han echado abajo, con razonamientos jurídicos, las tesis de Garzón o de los fiscales, se han granjeado no pocas antipatías.

También para ellos ha llegado la hora de comparecer ante la Justicia y responder por sus acciones, pero salvando siempre el principio de ls presunción de inocencia y sin ajustes de cuentas por rivalidades profesionales o diferencias políticas.