El Parlament balear tomó el pasado martes una nueva decisión histórica para el área de ses Salines, uno de los enclaves naturales más importantes de Balears y probablemente el que más peligro de destrucción ha sufrido en las últimas décadas. Desde esta semana este lugar es un Parque Natural, una figura de protección que se superpone de forma artificial a la vigente de Reserva Natural, aprobada por el Congreso de los Diputados hace ahora ya cinco años. El argumento es aplastante: es necesario un mecanismo que evite la desprotección temporal de la zona por la posibilidad de que el Tribunal Constitucional decida que la declaración estatal es una invasión de competencias, un litigio que se encuentra perdido entre las montañas de asuntos pendientes que atollan el Tribunal Constitucional. Se produce, por eso, una duplicidad peligrosa que, paradójicamente, tiene que minimizar los riesgos de urbanización y modificaciones en el caso de que el Constitucional considere que, efectivamente, es la Comunidad Autónoma la que tiene la misión de ordenar y proteger su territorio, un criterio que ya ha hecho explícito en un litigio muy similar entre el gobierno cántabro y el central por las marismas de Santoña. De hecho, la duplicidad es peligrosa porque, de existir la voluntad, también es recurrible, devolviendo el proceso casi a su 'punto cero'. Afortunadamente, la consellera Margalida Rosselló asegura que tiene el compromiso de que esto no será así y que en el Gobierno hay voluntad de colaboración para impedir que el culebrón se polongue hasta el infinito, como muchas veces amenaza con suceder. Que todo esto es un culebrón queda claro hasta por el cambio de papeles producido desde 1996: Matas, responsable del gobierno balear que llevó el asunto al Constitucional, ahora es, curiosamente, quien tiene bajo su amparo la reserva y al que se la pueden arrebatar. Tanto despropósito continúa generando demasiada inseguridad para un paraje que vale su peso en oro.