El pasado 27 de febrero se cumplió el 25 aniversario de la
creación de la República Àrabe Saharaui Democrática (RASD), que
nació con la pretensión de ser un Estado independiente. Ese momento
coincidió con el abandono de la presencia española en la zona y con
los primeros enfrentamientos entre el Frente Polisario y Mauritania
y Marruecos, países que consideraban como propias la mayor parte de
las tierras del Sáhara.
La RASD ha sido reconocida por ochenta y tres Estados, entre los
que no se encuentra España. Uno de los motivos de este no
reconocimiento sería la ejecución de determinadas acciones
terroristas llevadas a cabo por el Frente Polisario, y también
habría razones de tipo político, como las buenas relaciones de
nuestro país y de Francia con Marruecos.
Tras años de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, a
consecuencia de la cual miles de saharauis viven en campos de
refugiados como el argelino de Tindouf, en 1998 las dos partes
enfrentadas acordaron aceptar el plan de paz elaborado por Naciones
Unidas y por la Organización para la Unidad Africana que preveía un
alto el fuego, el acantonamiento de las tropas marroquíes y del
Polisario, el cierre de listas electorales, el control de la zona
por la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum) y
la celebración de un referéndum de autodeterminación. El desacuerdo
sobre quiénes tienen derecho a votar ha ido posponiendo la
celebración del referéndum.
Ahora, la zona se encuentra en una situación prebélica que puede
desembocar en guerra abierta en cualquier momento. El Gobierno
español, que en otros conflictos ha intervenido con éxito, debería
mediar de algún modo para evitar que el sufrimiento que ya han
padecido miles de personas sea sólo el preludio de más dolor y
muerte.
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