E l IPC del mes de marzo se ha comportado muy mal, según la
jerga de los economistas y los políticos, situándose en un 2'2 por
ciento, lo que significa un punto y medio por encima de la media de
los países de la UE inscritos en el euro. Una mala noticia que el
Gobierno central no ha tenido más remedio que admitir y
diagnosticar asumiendo la parte de culpa correspondiente.
Rodrigo Rato, vicepresidente económico del Gobierno, tuvo que
aparecer públicamente para anunciar este aumento de la inflación,
examinar las causas y determinarlas y anunciar un plan de choque
para rebajar este 2'2 por ciento a límites aceptables, ya que no
óptimos.
Por supuesto que encontró un resquicio para repartir culpas: el
precio de la vivienda no es enteramente controlable por el Gobierno
central porque uno de los elementos más incidentes en su coste es
el encarecimiento del suelo, que es competencia autonómica. Claro
que su propio partido, el PP, gobierna en varias comunidades
autonómicas, entre ellas la balear, de modo que su parte alícuota
de culpa también puede imputarse.
Así que Rato presentó un plan de choque basado, principalmente,
en la rebaja de las tarifas de las empresas de servicios públicos
como las de suministro eléctrico y de gas, la telefonía o las
autopistas, entre otras, que ha tenido una inminente consecuencia
negativa: la bolsa se ha resentido por las expectativas de
reducción de beneficios.
Pero, además, con estas medidas que influyen directamente en la
economía doméstica (que eso es el IPC), el Gobierno central también
admite su responsabilidad porque, con la euforia anterior, se
habían relajado los sistemas de control y no se había controlado su
continuidad. Si el señor Rato hubiera adoptado estas medidas con
anterioridad, el IPC de marzo habría sido positivo.
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