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El conflicto de Cataluña se ha instalado en un caos del que parece que ningún responsable político quiere resolver. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, descartó ayer la convocatoria de unas elecciones autonómicas ante la negativa del Gobierno a desactivar con todas sus consecuencias la aplicación del artículo 155 de la Constitución; la intervención de facto de la autonomía catalana. El Parlament y el Senado celebraron sendas sesiones con iniciativas contrapuestas, en Barcelona hacia la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y en Madrid hacia el control total de la Generalitat. Caminos divergentes, sin posibilidad de encuentro, mientras se intenta detener, de alguna manera, una dinámica en la que Cataluña y España son los directos perjudicados. Hoy se vislumbra como la jornada clave.

Cumplir la legalidad. Puigdemont dejó clara su voluntad de convocar las elecciones autonómicas, un modo implícito de admitir el marco constitucional, a cambio de frenar la intervención del Estado, vía 155, de las instituciones catalanas. No obtuvo una respuesta satisfactoria. El Gobierno que preside Mariano Rajoy está dispuesto a hacer cumplir la legalidad con el artículo 155 de la Constitución. La trayectoria que ha mostrado Puigdemont hasta el momento, que pese a pedir y exigir diálogo al Gobierno central se ha negado incluso a ir al Senado a explicar su postura, no hace más que reafirmar la desconfianza del Gobierno hacia el todavía presidente de la Generalitat.

La única salida. Aunque ayer negó la posibilidad, lo cierto es que Puigdemont tiene en la convocatoria de los comicios la única opción de reducir el impacto de la intervención del Gobierno, además de provocar una importante brecha en el frente socialista. El tono mediador de la intervención del portavoz del PSC, Miquel Iceta, en el Parlament catalán llevaba implícito este mensaje. Sería el último gesto, desesperado, para tratar de reconducir la enorme tensión política, y social, que se vive en Cataluña.